San Andrés del Rabanedo paga las nóminas bajo la sombra de una bomba de relojería financiera
La interventora ve que se camina sobre el alambre tras el recorte de 1 M€ que impuso Hacienda.Los 275 empleados y altos cargos perciben hoy los 899.556 € de abril tras 1 mes de retraso
Edificio del Ayuntamiento de San Andrés.
Los 275 trabajadores municipales de San Andrés del Rabanedo cobrarán por fin y previsiblemente hoy los 899.556 euros adeudados tras casi un mes de retraso. El informe definitivo de la nueva interventora interina desvela un agujero presupuestario crónico y envenenado: el municipio sobrevive con las cuentas prorrogadas desde 2020 y bajo un severo «hachazo» de no disponibilidad impuesto por el Ministerio de Hacienda.
Al menos el calvario se zanjará hoy y el personal funcionario, laboral, técnicos de limpieza, alumnos de talleres de empleo y altos cargos verán reflejado en sus cuentas bancarias el ingreso de la nómina de abril. Los 899.556,10 € (503.456,68 euros en líquido directo a las familias), llegna con casi cinco semanas de retraso por la confluencia primero de la baja en tesorería, la salida del interventor accidental desde diciembre sin firmar la nómina y la toma de posesión de la primera interventora interina (el 6 de mayo).
En los dos últimos años el puesto de Intervención se convirtió en una auténtica «silla eléctrica» en el organigrama municipal. El desbloqueo legal de los fondos ha sido posible gracias a la firma del informe de fiscalización favorable emitido por la nueva interina. Sin embargo, el documento, lejos de calmar las aguas, destapa una radiografía económica compleja: San Andrés es una bomba de relojería financiera que camina sobre el alambre.
La crisis de las nóminas de este mes no ha sido un problema de falta de liquidez en caja, sino de un colapso procedimental. Aunque el concejal de Hacienda y Personal, Andrés Vidales, presentó una propuesta inicial el 9 de abril, la parálisis administrativa obligó a ordenar que se rehiciera por completo la nómina el 11 de mayo.
A esto se sumó un auténtico encaje de bolillos por parte de la responsable de Nóminas, quien tuvo que encajar a contrarreloj hasta 55 nóminas retroactivas para conciliación de seguros sociales y gestionar situaciones extremas, como las bajas por incapacidad temporal de larga duración —con el cese de personal tras agotar el límite de 545 días en IT— y la salida de 10 trabajadores de programas subvencionados. El expediente no se consideró administrativamente «completo» hasta el pasado 18 de mayo y dejó a los empleados públicos en un limbo normativo durante la primera quincena del mes.
La letra pequeña del informe de la interventora indica que el Ayuntamiento opera de manera zombi al arrastrar unos presupuestos prorrogados seis años. El margen de maniobra es tan inexistente que la Intervención ha lanzado un aviso sobre la sostenibilidad del municipio.
El pasado 30 de abril, forzado por el Ministerio de Hacienda para cumplir la Ley de Estabilidad, el Pleno municipal tuvo que aprobar un Acuerdo de No Disponibilidad de crédito de 1 M€ directos al Capítulo I (gastos de personal). Con este «hachazo» encima de la mesa, las proyecciones financieras para el cierre del ejercicio de 2026 son dramáticas: el saldo previsto de liquidación para el Ayuntamiento es de un superávit de apenas 75.062 €. Una cifra ridícula para una administración local, calificada por la funcionaria como «extremadamente estrecha», que impide cualquier nueva contratación o la consolidación de mejoras laborales.
El informe pone el foco en la irregularidad de convertir la productividad en un concepto fijo, periódico y lineal para los empleados y amenaza con suspender estos pagos en el futuro si no se aprueban criterios objetivos y transparentes.