El Congreso aprueba el acceso de los mutualistas al régimen de autónomos

El pleno del Congreso dio luz verde ayer a la norma que permitirá a miles de profesionales como abogados, médicos, arquitectos o procuradores transferir sus derechos económicos al sistema público de la Seguridad Social y lo ha hecho eliminando algunas de las restricciones inicialmente previstas. El diputado nacional leonés por el PSOE, Javier Alfonso Cendón, defendió la PNL en nombre del Gobierno. El texto fue aprobado con 180 votos a favor y la abstención de PP y Vox pero tras la aprobación de una enmienda de los populares se introdujeron dos cambios sustanciales respecto al dictamen que salió de la comisión. Por un lado, se retiró el requisito de carecer del periodo mínimo para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de seguridad social, encontrarse en activo como profesional colegiado en la respectiva mutualidad a fecha de 2022 y no tener la condición de pensionista a cargo de ningún régimen público ni de la respectiva mutualidad alternativa. Por otro, elimina el coeficiente del 0,77 fijado para el traspaso de los derechos económicos por lo que se calculará el tiempo equivalente a una aportación del trabajador por la base mínima de cotización del Reta.

«Detrás de cada cifra hay una vida, detrás de cada expediente hay una trayectoria y detrás de esta ley hay una respuesta justa para quienes merecen seguridad, reconocimiento y dignidad», señaló el diputado socialista.

Con esta modificación se amplía de forma significativa el número potencial de beneficiados, que podría alcanzar los 47.000 mutualistas, según los cálculos del Gobierno. El Ejecutivo, amparándose la potestad que le otorga el artículo 134.6 de la Constitución para vetar propuestas legislativas con impacto en las cuentas públicas, ya excluyó en la fase de tramitación una enmienda similar en la que estimó un impacto económico de más de 5.000 millones si se abría la puerta a este colectivo. Pese a estas novedades, el texto mantiene la excepción de conversión 1x1 para los mayores de 52 años a cierre de 2025. Esta ventaja de equivalencia plena permite que se compute cada mes completo de alta y cotización en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el RETA y se rebaja desde los 55 años previstos inicialmente.

Los nuevos colegiados seguirán pudiendo elegir entre cotizar a través de una mutualidad o incorporarse directamente al sistema público. El Gobierno deberá evaluar antes de 2031 si este modelo continúa o si termina integrándose en la Seguridad Social.