Diario de León

La cuantía de migrantes regularizados en León puede llegar a duplicar la previsión

El cálculo para la provincia apuntaba a los 3.000 y solo la capital ya tiene más de 1.800 expedientes. Hoy se cierra el plazo y las expectativas nacionales avanzan una respuesta sin precedentes

Un migrante señala su país de procedencia.

Un migrante señala su país de procedencia.BRUNO MORENO

Miguel Ángel Zamora
León

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La cifra de los 3.000 inmigrantes que se esperaba regularizar en León con ocasión del procedimiento extraordinario habilitado por el Gobierno de España y cuyo plazo acaba hoy, puede llegar a duplicarse si se confirman las expectativas que se manejan en las últimas horas. Sólo en la capital, ya hay más de 1.000 carpetas tramitadas por el Ayuntamiento del primer municipio de la provincia y Cáritas Diocesana ha cubierto 800 más, la segunda organización de estas características en el país por volumen de tramitación, solamente superada por Girona. En el territorio nacional, la previsión se hablaba de un volumen de medio millón de personas y ya a estas alturas hay expectativas de que sean 900.000 los foráneos regularizados.

Hoy será día de angustias finales en las sedes de habilitación burocrática de los expedientes. Las oficinas de Correos de San Francisco y Doctor Fleming, además de las sedes del Instituto Nacional de la Seguridad Social, son los puntos principales en los que se gestionan las documentaciones que habilitan a las personas que acreditan llevar más de un año residiendo en España para acceder a un permiso por un año.

Los cálculos del Ejecutivo que habilitaban la entrada en la legalidad del país para medio millón de personas, se colocaban cerca del doble ayer. No para el Sindicato Unificado de Policía (SUP) que entiende que se superan ampliamente. Hablan de 1.250.000 los representantes de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Certificados

En las primeras semanas, el principal escollo fue hacerse con el certificado de vulnerabilidad, necesario solo en algunos casos, pero esta traba fue superada a medida que más ONG se acreditaron para hacer el trámite y el gran problema que ha persistido para algunas nacionalidades como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia ha sido conseguir el certificado de antecedentes penales. León tiene una gran masa de Sudamérica entre los principales países de procedencia.

Ante este escenario, la plataforma «Regularización Ya» ha exigido en las últimas semanas una prórroga. «No es un favor, es una obligación», ha revindicado en sus redes sociales esta plataforma, que cree que la Administración debe garantizar el acceso real al proceso con una ampliación de plazo dadas las trabas administrativas que «siguen dejando fuera» a miles de migrantes que «cumplieron con todo lo que se les pidió». En principio, no se contempla la posibilidad de que se pueda aceptar la prolongación del plazo previsto. No ha trascendido la intención ni parece que se vaya a hacer.

En relación al impacto del proceso en Castilla y León, el consejero de presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, explicó ayer en Valladolid que la Administración no dispone de datos propios sobre el número de personas que podrían haberse acogido a la regularización, ya que la gestión corresponde al Estado.

La Comisaría de León se prepara para otra oleada con las tarjetas

Pese a que no ha habido pronunciamiento oficial al respecto, la Comisaría de Policía Nacional de León teme una segunda oleada de tramitaciones, puesto que a la carga extraordinaria de trabajo derivada del estudio de los expedientes, se sumará una segunda fase que puede resultar, dice el sindicato, «más compleja»: la expedición de las Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE), la toma de huellas, la gestión de incidencias documentales y el resto de actuaciones administrativas que deberá afrontar.

La Junta cree que se ha hecho mal y que el resultado «no va a ser bueno»

El consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, criticó ayer el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno central, al que reprochó tanto su diseño como su ejecución y del que afirmó que «no ha estado bien orientado desde un principio». Además, aseguró que se trata de un procedimiento que generó «muchas críticas».

González Gago puso el foco en las dificultades administrativas del proceso, en particular en la acreditación documental exigida para acceder a la regularización. También mencionó problemas relacionados con la obtención de certificados oficiales y las denominadas «apostillas» internacionales, necesarias para validar determinados documentos, así como incidencias en la gestión de estos trámites.

Además, cuestionó los plazos establecidos para la tramitación de las solicitudes, que consideró «insuficiente» para un procedimiento de estas características. «Es un proceso que creemos que no ha estado bien orientado desde un principio», insistió el consejero, quien añadió que el resultado final «no va a ser bueno».

El consejero apuntó igualmente que existen recursos judiciales en marcha contra el procedimiento, por lo que señaló que habrá que esperar a las resoluciones que se adopten en el ámbito jurisdiccional para tener un mapa completo de la situación.
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