Asturias mantiene «en máximos» su exigencia contra el peaje de la autopista León-Campomanes
El consejero de Movilidad del Principado ve «asimetría» con otros territorios y pide bonificaciones ya mientras siga la concesión.«Entiendo que las preocupaciones en CyL estén más diluidas; para nosotros no»
Las presidentas de la Autoridad Portuaria y Fade, junto al consejero de Movilidad asturiano.
El viceconsejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha elevado el tono político respecto al conflicto del peaje de la autopista León-Campomanes. Aseguró ayer en León que «el nivel de exigencia» por la supresión de ese peaje ante el Gobierno central de su mismo color «es máxima y más aún por las obras que está cometiendo Aucalsa».
Ve «asimetría» respecto a otros territorios y ofrece «colaboración» tanto a Galicia en el caso del peaje de la P-9 como a la Junta para el de la AP-66. En relación con los contactos institucionales mantenidos recientemente, el viceconsejero reconoció reuniones de trabajo con responsables de la Xunta y de la comunidad de Castilla y León. Sin embargo, puso de relieve las distintas sensibilidades de cada territorio respecto al impacto económico de la autopista de montaña.
«Entiendo que las preocupaciones en Castilla León estén más diluidas; para nosotros no. Este asunto es absolutamente central y trasciende lo meramente relacionado con las infraestructuras. Lo entendemos como un agravio territorial que debe resolverse cuanto antes», señaló.
Calvo considera que es «una situación injusta, hay una asimetría, este peaje y el de la P9 son una excepción y deben resolverse de manera excepcional, más cuando sabemos que fueron prorrogados de manera ilegal», como avaló la Comisión Europea.
Los dictámenes europeos han cuestionado la extensión de la concesión de la autopista de León a Asturias otorgada en 2010.
En realidad, la AP-66 constituye la principal arteria de conexión entre León y Asturias, el mar y la Meseta. Esta dependencia convierte el coste del peaje en un obstáculo directo para la competitividad industrial, el transporte de mercancías y la movilidad de los ciudadanos.
Las exigencias de la Administración asturiana se centran en tres ejes principales, suprimir el peaje pero lograr las bonificaciones máximas de forma inmediata, ya para el presupuesto de 2027, con un incremento de los descuentos aplicables a los usuarios frecuentes y al transporte pesado para paliar el impacto económico mientras la concesión siga vigente. Una compensación por las obras con medidas de alivio económico adicionales durante el tiempo que se prolonguen los trabajos de mantenimiento y consolidación que merman la capacidad operativa de la vía y la revisión de la concesión para revertir la última prórroga del peaje, apoyándose en las normas de la UE.