León ultima a contra reloj la nueva tasa de basura que cobrará más por cada habitante en las casas

Antes de que venza otro nuevo plazo y se quede, por cuarta anualidad consecutiva, sin poder cobrar la tasa de tratamiento de basura, el Ayuntamiento de León ultima a contra reloj la aprobación de las nuevas ordenanzas fiscal y reguladora que sustenten el recibo de 2027. Sin la normativa, ahora inexistente tras su anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en dos ocasiones, quedan condicionados 10 millones de euros de ingresos. Se necesita, como han advertido los magistrados en la última sentencia, que se justifique la proporcionalidad para que paguen más quienes más residuos generan. No cabe la opción de aplicar una cifra lineal, sino que se necesita un criterio objetivo que, de acuerdo con el borrador entregado por la empresa externa a la que el equipo de gobierno encargó la redacción, se centrará en el número de personas que viven en cada vivienda. A más habitantes en un domicilio, más factura, en la que además se tendrá en cuenta el valor catastral.

La fórmula escogida para la nueva tasa, que unificará la actual de recogida y la de tratamiento que antes llevaba Gersul, toma el ejemplo de Madrid, aunque con carencias. El tributo contará con dos cuotas diferenciadas: una fija, que gravará el porcentaje mayoritario de la factura, que irá en función del tramo de valor catastral en el que se encuentre; y otra variable, en la que se aplicará un añadido por cada persona que se demuestre que está empadronada en la vivienda. No se irá más allá, como sí se hace en la capital de España, donde además se tiene en cuenta cuántos residuos se generan por habitante en cada barrio en el que se ubica y, dentro de estos, se aplica un «coeficiente de calidad» para cobrar menos a aquellas zonas en las que se certifique que hay un mayor porcentaje de separación correcta de residuos.

León no tiene datos para poder aplicar estos dos últimos parámetros. El Ayuntamiento de la capital leonesa carece por ahora de los estudios para poder definir por zonas cuántos residuos se recogen y, de una manera más precisa, cumplir con el propósito marcado en la «Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular», fundamentada en que debe pagar más quien más contamine. Sin estas cifras, se ha optado por acogerse a una estimación indirecta en la que, más allá de la categorización por tramos de valor catastral, como ya se había hecho en la anterior que tumbó el TSJ, se sume el criterio de los habitantes en cada domicilio para intentar cumplir con el requerimiento legislativo.

Aunque, incluso para poder acogerse a este criterio, el Ayuntamiento de León no dispone por ahora de las herramientas suficientes que le permitan asentar el padrón tributario. Para lograrlo, como ya han puesto de manifiesto los técnicos municipales, se necesita cruzar el padrón de vivienda con cada una de las referencias catastrales que definan, de manera exacta, cuánto debe pagar cada una de las cerca de 88.000 unidades urbanas. Entre ellas se alistan las industrias, comercios y otros, en cuyos casos el recibo se calculará a partir de una cuota fija por valor catastral y otra en función de tramos de superficie, diferenciada para cada grupo de actividad, para lograr la estimación de residuos que sustituya a la generación efectiva.

La elaboración del padrón se encargará fuera, como ya se hizo con el «contrato de consultoría para la redacción de la ordenanza fiscal de la tasa de servicio de recogida de basura y otros residuos sólidos urbanos», adjudicado a mediados de julio a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Nuevas Ventajas S.L. y Estudio de Ingeniería Civil (EIC) S.L., que cobran 201.688,85 euros. Como consecuencia de esta necesidad, no se liquidará el recibo hasta avanzado el año 2027.

Pese a que este padrón tiene más margen para su definición, no sucede lo mismo con las ordenazas reguladora y fiscal de la nueva tasa. No le queda mucho tiempo al Ayuntamiento de León, puesto que debe publicarse de manera definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) no más tarde del 31 de diciembre. Este tope hace que tenga que pasar ya por el Pleno de finales de octubre, dado que luego tiene que someterse a información pública durante un plazo de 30 días hábiles, contestarse las posibles alegaciones y ratificarse de nuevo en sesión plenaria. Toda la tramitación queda condicionada además por el hecho de que el equipo de gobierno del PSOE no suma mayoría absoluta y necesita, como mínimo, la abstención de UPL para que salga adelante la normativa.

Mientras se avanza, los contribuyentes aguardan todavía la devolución de los recibos de tratamiento de basura de 2024, de acuerdo a la sentencia del TSJ. Suman 3,7 millones, a razón de 38 euros por vivienda, hasta 4.000 euros por comercios, 3.000 euros por industrias y 1.998,8 euros por oficinas.