León tramita a contrarreloj la ordenanza para poder cobrar la basura en 2027 tras perder 15,3 M€

Los tiempos vuelven a atropellar al Ayuntamiento de León. Cuatro meses después de que conocieran el segundo de los varapalos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que tumbaban el tributo, los responsables municipales aprobaron todavía este pasado viernes en junta de gobierno el expediente para la «contratación del servicio de consultoría para la redacción de la ordenanza fiscal de la tasa de recogida de basura y otros residuos sólidos urbanos». Sin sustento normativo para reclamar el pago a los ciudadanos, el equipo de gobierno de José Antonio Diez ha decidido encargarlo fuera, como se recoge en el documento, que da diez meses en total para la ejecución del trabajo: dos para la redacción y ocho para el «trabajo efectivo». El problema radica en que, si quiere poder cobrar los recibos en 2027, después de perder 15,3 millones de euros de los tres últimos años, debe estar aprobado todo el procedimiento y publicado el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) como muy tarde el 31 de diciembre de este año.

Las cuentas meten al Ayuntamiento de León en una lucha contrarreloj para poder cumplir con este calendario para exigir a los contribuyentes los 10 millones de esta tasa unificada: 4,9 millones de la recogida, que acaba de pasarse, y los 5,1 millones de euros del tratamiento de residuos que no aún debe devolver a los cobrados en 2024 y no ha podido reclamar en 2025, ni en 2026.

El contrato se sacará a licitación pública esta próxima semana, con 15 días por delante de exhibición para la presentación de ofertas, de acuerdo a un presupuesto base de 218.042 euros. Pero no se adjudicará, como pronto, hasta el mes de junio, con apenas siete meses por delante para que la asesoría a la que se le encomiende cumpla con un encargo que habla de «dos meses desde la firma del contrato para la elaboración de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa y un segundo plazo de ocho meses de trabajo efectivo». «Total de ejecución de contrato diez meses de trabajo efectivo», como se reconoce en la documentación, en la que se advierte que el adjudicatario «deberá tener presente su obligación de asistencia legal en la resolución de los recursos tanto administrativos como contenciosos en posibles litigios en relación a la aplicación de la tasa».

El corsé marcado en los pliegos de condiciones del contrato obliga a trabajar a contrarreloj para poder cobrar la tasa, en la que se unificará las actuales de recogida y de tratamiento. No sólo para la redacción de la tasa, que hasta ahora siempre habían elaborado los propios técnicos municipales, sino por la fundamentación que se requiere para que, en esta ocasión, no se caiga en los vicios de «nulidad de pleno derecho» que advirtieron los magistrados del TSJ.

El trabajo tiene que asentar un informe técnico económico que evite que un tribunal pueda considerar que «la base imponible de la tasa contiene una motivación insuficiente que resulta arbitraria», como ya hizo el TSJ. La máximo ha de ajustarse además al criterio legal que determina que está obligado a pagar más quien más residuos genera, en lugar de fijar un criterio lineal, como ya afearon los magistrados al consistorio en el caso de la ordenanza de tratamiento de basura de 2024.

Esta exigencia marca la necesidad de que la asesoría encargada tenga que lograr un cálculo de la estimación de residuos para atender a este «pago por generación» que marca Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. El plan sacado por el Ayuntamiento de León habla de ajustar la cuota tributaria a cuántas personas viven en cada casa, aunque la legislación exige que se afine más para fundamentar la cuantía ajustada a la generación.

No puede hacerlo de manera directa para cada contribuyente el Ayuntamiento de León porque no tiene las herramientas necesarias, más si cabe cuando ni siquiera ha puesto en funcionamiento el contenedor marrón al que le obliga la normativa europea desde enero de 2024, en el que cabría la posibilidad de adjuntar un código QR en cada bolsa de basura asociado a cada vivienda, comercio e industria. Sin esta posibilidad, al rebufo de lo que se han puesto a hacer otros ayuntamientos como Madrid, San Sebastián o Pamplona, la salida pasa por lograr la estimación de costes por zonas. Para ello, se tiene que acotar primero los espacios, definir bien los usos diferentes que haya en cada uno en función del comercio, empresas, viviendas y residencias y, por último, coordinar la actuación con los servicios de recogida para medir cuánta basura se genera en esos espacios.

El problema reside en ver si la empresa llega hasta este punto. Con todos estos datos, el trabajo debería ajustar la base imponible de la tasa, en la que se atienda a la clasificación de los inmuebles, las escalas por metros cuadrados y las bonificaciones o exenciones posibles. Falta ver si la empresa adjudicataria, a partir de la suma de toda la documentación, hace que tomen forma en el cuerpo de la normativa, con su correspondiente ordenanza fiscal, para que entre entonces dentro de la tramitación administrativa. Sin ello, sólo a partir de los criterios que apunta de inicia el Ayuntamiento de León en el plan del contrato, se arriesga a que le vuelvan a tumbar la ordenanza y queden en el limbo 10 millones de euros.

Dentro de este obligatorio proceso deberá validarse primero en comisión informativa, luego aprobarse de manera inicial en el Pleno y, tras un plazo de un mes de exposición pública, resolverse las posibles alegaciones que se presenten, antes de volver a someterlo al dictamen de la sesión plenaria para su ratificación definitiva. Entonces sí estará listo para su publicación en el BOP.