León gastará 201.688 € en la asesoría para hacer la tasa de basura con el riesgo de que no valga

Por urgencia, al final de la última junta de gobierno, celebrada el pasado viernes, el Ayuntamiento de León aprobó el acuerdo para intentar salvar el cobro de 9.290.000 euros. A contrarreloj, los responsables municipales adjudicaron el «contrato de consultoría para la redacción de la ordenanza fiscal de la tasa de servicio de recogida de basura y otros residuos sólidos urbanos», como consta en el documento que resuelve el encargo a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Nuevas Ventajas S.L. y Estudio de Ingeniería Civil (EIC) S.L., con una factura 201.688,85 euros, y un plazo de ejecución de 10 meses. Los dos primeros, como se remarca, se emplearán en la definición de la normativa, que debe ser aprobada antes del 31 de diciembre para entrar en vigor. Aunque, como advierte el informe de Intervención municipal, que cuestiona que en este tiempo se pueda asentar el aval del tributo para que, de nuevo, no lo vuelva a tumbar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Pese a que el documento de control financiero avanza que «para el ejercicio 2027 va a ser imposible disponer de los instrumentos normativos necesarios para poder liquidar derecho alguno por este concepto», lo que obliga a se deban «adoptar las medidas necesarias para corregir a la baja 9.290.000 euros» en el capítulo de ingresos, el equipo de gobierno de José Antonio Diez sigue adelante con el empeño de resolver la problemática de la ordenanza con el auxilio de una empresa externa. No se fía de los técnicos municipales después de que el TSJ les tumbara en apenas cuatro meses las dos anteriores: primero, la de 2025 que propugnaba la unificación en un solo tributo de las antiguas de recogida y tratamiento; luego, la de 2024 en la que se asumía la gestión del tratamiento de residuos que antes se efectuaba a través de Gersul. En ambas, se incidía en la vulneración del principio de «quien contamina paga», que no se había respetado, y se advertía la necesidad de elaborar una normativa en la que no sea cayera en la «evidente falta de motivación y de proporcionalidad» para la fijación de las cuotas de pago, en función de cada contribuyente.

El informe recalca que se tiene que tramitar y aprobar «una ordenanza fiscal específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos». Para lograr, como insiste el interventor, Gabriel Menéndez Rubiera, se debe regular por medio de dos opciones: «en el caso de estimación directa de la base imponible, se requiere la implantación de un sistema de medición del peso de los residuos (categorizados) que deposita cada obligado tributario»; mientras que si se opta por la «estimación indirecta de la base imponible», se necesita «la implantación de un sistema de muestreo del municipio para establecer zonas homogéneas por categorías de residuos». «Cualquiera de los dos sistemas de estimación, directa o indirecta, requiere de más de un año de estudio, toma de datos, y elaboración de las ordenanzas fiscal y reguladora del servicio», augura.

Pero, el equipo de gobierno de León fija en el contrato de adjudicación de la asesoría que «el plazo de duración del contrato es de dos meses desde la firma para la elaboración de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa, y un segundo plazo de ocho meses de trabajo efectivo». «Total de ejecución del contrato, diez meses», se reseña en el acuerdo, que determina la elección de la plica firmada por la UTE formada por Nuevas Ventajas y EIC, después de que la otra empresa presentada, Serveis de Suport a la Gestio, pese a que presentaba una propuesta económica más baja, 164.076,61 euros frente a los 201.688,85 euros de la ganadora, no aportó la documentación acreditativa necesaria. Sí lo hizo la adjudicataria, que sumó apenas 5 puntos por la «experiencia de los medios personales en la redacción de estudios de recogida y tratamiento de residuos», al acreditar haber hecho entre uno y tres de estos trabajos, y ninguno por la «experiencia de los medios personales en la redacción de ordenanzas fiscales y estudios económicos financieros/ informes técnicos económicos», al carecer de la misma.

El acuerdo sí recoge que la empresa encargada de la asesoría externa ofrece como «mejoras» la elaboración de «distintos escenarios económicos y de simulación financiera asociados al estudio económico-financiero de la tasa, con el objetivo de reforzar la capacidad de análisis y toma de decisiones del Ayuntamiento de León durante el proceso de definición del modelo tarifario». «Esta mejora permitirá disponer de una visión comparativa y prospectiva del comportamiento económico de la futura tasa bajo diferentes hipótesis de configuración, facilitando la evaluación de alternativas en términos de sostenibilidad financiera, impacto recaudatorio, proporcionalidad tributaria y afección sobre distintos perfiles de contribuyentes», se concede en el documento, en el que se abunda en que «para ello, se desarrollarán simulaciones específicas que contemplen distintas estructuras tarifarias y escenarios de aplicación, analizando variables como la segmentación por usos, superficies o tipologías de actividad, la incorporación de posibles bonificaciones o modulaciones y el comportamiento esperado de los ingresos en función de distintos niveles de cobertura del coste del servicio».

En el razonamiento de la adjudicación se apunta además que «los escenarios económicos permitirán anticipar posibles riesgos de desequilibrio financiero o desproporción tarifaria, proporcionando al Ayuntamiento una herramienta adicional de validación técnica y estratégica antes de la aprobación definitiva de la ordenanza». «Esta mejora reforzará igualmente la motivación del expediente y la solidez del estudio económico-financiero, al permitir justificar de manera más detallada la elección del modelo finalmente adoptado y su adecuación a los principios de equivalencia, sostenibilidad y suficiencia financiera exigidos por la normativa vigente», se señala en el acuerdo. Ahora queda ver que no sólo llegue a tiempo, para lo que tienen que elaborar la ordenanza y entregársela al Ayuntamiento de León para cumplir con los plazos de aprobación y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) antes del 31 de diciembre, sino que luego no la tumbe el TSJ, como sospecha Intervención por el escaso margen para definir el armazón jurídico de la cuantía de la tasa.