Ni León ni Zamora: la 'anomalía' administrativa por la que pagas impuestos en un sitio y te curas en otro

Las disfunciones territoriales heredadas del siglo XIX en la cuenca del Duero separan la gestión fiscal de la atención médica de Sacyl. El trazado de la división provincial diseñado por Javier de Burgos mediante el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 fijó unos límites administrativos que aún condicionan el acceso a los servicios públicos. Aunque aquella reforma buscaba centralizar la administración liberal en 49 provincias, el respeto a antiguos derechos de señorío dejó singularidades territoriales en la cuenca del Duero. La situación más representativa la encarna el municipio de Roales de Campos. Este enclave pertenece a la provincia de Valladolid, rodeado geográficamente por León y Zamora, y sus habitantes dependen funcionalmente del centro de salud zamorano de Villalpando para la atención primaria de la red Sacyl.

Esta disociación entre la demarcación fiscal y la provisión de prestaciones sanitarias responde a los criterios territoriales fijados por la Ley 8/2010 de Ordenación del Territorio de Castilla y León. La gestión tributaria local, articulada mediante el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y las liquidaciones recaudadas por el Servicio de Gestión y Recaudación de la Diputación de León o de las áreas colindantes, se rige estrictamente por el padrón municipal. 

En cambio, la Gerencia Regional de Salud adscribe a los usuarios a las distintas Zonas Básicas de Salud, priorizando la distancia por carretera y el tiempo de desplazamiento a los centros hospitalarios de referencia, como el Hospital Virgen de la Concha de Zamora.

El origen señorial y el mapa provincial de Javier de Burgos

Las discontinuidades territoriales en la frontera histórica entre el Reino de León y el de Castilla no fueron un error de cálculo del siglo XIX, sino el reflejo de la propiedad de la tierra en el Antiguo Régimen. 

Durante la Edad Media, villas y dehesas pertenecientes a grandes casas aristocráticas o al clero mantuvieron fuero y jurisdicción al margen de las merindades limítrofes. 

Cuando el Ministerio de Fomento estructuró las provincias en 1833, respetó la integridad de los términos municipales existentes para no alterar los padrones catastrales de la época, consolidando bolsas de territorio desligadas de su entorno natural.

Esta herencia obliga a los consistorios de las zonas limítrofes del sur leonés y la comarca de Benavente y Los Valles a articular convenios interadministrativos. 

La recaudación de las tasas de agua o basuras se tramita a través de las instituciones provinciales a las que pertenece el ayuntamiento, mientras que las intervenciones de urgencia sanitaria o de los consorcios provinciales de bomberos requieren protocolos de actuación conjunta entre la Diputación de León y la Diputación de Zamora para garantizar que los efectivos del parque más cercano asuman la primera intervención en carretera.

Impacto operativo en las infraestructuras y la financiación local

El desfase entre el censo de contribuyentes y la demanda real de servicios genera desajustes en el reparto de la financiación local. La Participación en los Ingresos del Estado (PIE) y el Fondo de Cooperación Económica Local de la Junta de Castilla y León asignan recursos financieros tomando como base el padrón municipal de habitantes. 

Sin embargo, la red de carreteras comarcales que conecta estos municipios —gestionada en tramos discontinuos por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital o las respectivas redes provinciales— sufre dilaciones en las obras de conservación y viabilidad invernal por la duplicidad de expedientes de contratación.

La superposición de administraciones complica asimismo la tramitación de expedientes ambientales y de ordenación del suelo. Los ayuntamientos deben remitir sus instrumentos de planeamiento urbanístico a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de su provincia de adscripción, aun cuando las infraestructuras hídricas o los accesos viarios dependan de los órganos homólogos de la provincia vecina. 

Adecuar las zonas de prestación de servicios a las dinámicas socioeconómicas del territorio resulta indispensable para reducir la burocracia y optimizar el gasto en el entorno rural.