La Junta da el primer paso para intentar eliminar el peaje de la autopista AP-66 que une León y Asturias
El Consejo de Gobierno autoriza acciones administrativas y judiciales contra la prórroga de la AP-66 hasta 2050, aprobada en el año 2000, y abre la vía para reclamar la nulidad de la concesión
El peaje de La Magdalena de la AP-66.
La Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves el inicio de acciones administrativas y judiciales para intentar eliminar el peaje de la autopista AP-66, la principal conexión por carretera entre León y Asturias. El acuerdo del Consejo de Gobierno permitirá a la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial instar la revisión de oficio del real decreto que prolongó la concesión hasta el año 2050.
El Ejecutivo autonómico considera que la modificación aprobada en 2000 alteró de forma sustancial las condiciones económicas y la duración del contrato original, lo que, a su juicio, dio lugar a una nueva concesión sin someterla a una licitación pública. La Junta sostiene que este procedimiento sería contrario a los principios de transparencia, concurrencia e igualdad establecidos en la normativa europea.
La decisión adoptada este jueves, 29 de octubre, supone el inicio de una nueva vía administrativa y judicial para reclamar la supresión definitiva del peaje. No implica, sin embargo, que el cobro vaya a desaparecer de forma inmediata: la autopista seguirá siendo de pago mientras no se adopten las medidas necesarias para modificar o anular la concesión.
Una prórroga que llevó el peaje hasta 2050
El origen de la controversia se remonta al año 2000, cuando el Real Decreto 392/2000 modificó las condiciones de la concesión de la autopista León-Campomanes. La fecha de finalización, prevista inicialmente para octubre de 2021, quedó ampliada hasta el 17 de octubre de 2050, es decir, 29 años más.
La AP-66, conocida también como autopista del Huerna, constituye uno de los principales corredores de comunicación entre León y Asturias. Su trazado permite atravesar la cordillera Cantábrica y evitar el recorrido por el puerto de Pajares, a través de la N-630.
La prolongación de la concesión ha sido objeto de críticas y reclamaciones políticas durante años. En julio de 2022, el Gobierno central aprobó nuevas bonificaciones para los usuarios, con descuentos de hasta el 60 % por trayecto para determinados vehículos ligeros que cumplan las condiciones establecidas. Estas rebajas no supusieron la eliminación del peaje ni modificaron su fecha de finalización.
La controversia llega también a las instituciones europeas
La legalidad de la prórroga ha llegado al ámbito comunitario. La Comisión Europea cuestionó la ampliación de las concesiones de la AP-66 y de la AP-9 al considerar que las modificaciones realizadas debieron ajustarse a las normas europeas de contratación pública.
El debate jurídico continúa siendo relevante para determinar el futuro de ambas autopistas. En octubre de 2025, el ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió que el peaje del Huerna debía mantenerse mientras no hubiera un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad de la prórroga. El Gobierno central también ha sostenido que el criterio de la Comisión Europea no equivale por sí solo a una sentencia judicial vinculante.
En este contexto, la Junta pretende abrir su propia vía de actuación para que se revise la norma de 2000 y, si procede, se declare su nulidad. La iniciativa se suma a las reclamaciones que se han impulsado desde Asturias para conseguir la liberalización de la autopista.
La eliminación del peaje, una reivindicación para León
La Junta justifica su iniciativa por el impacto que el pago supone para la movilidad, la competitividad empresarial y la cohesión territorial. La AP-66 es una infraestructura estratégica para los desplazamientos entre León y Asturias, tanto para los viajes particulares como para el transporte de mercancías y la actividad económica.
La supresión del peaje exigiría que prosperase la vía administrativa o judicial abierta para cuestionar la concesión. Hasta entonces, los conductores tendrán que seguir abonando las tarifas correspondientes, con las bonificaciones vigentes cuando cumplan los requisitos establecidos.
El acuerdo del Consejo de Gobierno no fija una fecha para la posible desaparición del cobro. El objetivo de la Junta es iniciar los procedimientos necesarios para intentar anular la prórroga y lograr que la autopista deje de ser de pago antes de la fecha actualmente prevista, 2050.