IU denuncia ante la Subdelegación y la Junta la actividad de DesokupaCYL en León
La formación señala que el responsable de la entidad cuenta con antecedentes por extorsión y ha sido vinculado por medios de comunicación a la ocupación irregular de inmuebles
Captura del vídeo publicado por DesokupaCyL sobre su actuación en León.
Izquierda Unida ha formalizado una denuncia ante la Subdelegación del Gobierno y la Junta de Castilla y León para requerir la investigación de la actividad que la empresa Desokupa CYL desarrolla en San Andrés del Rabanedo y en otros puntos de la provincia de León.
En un comunicado, el partido remarca que la citada entidad acumula antecedentes judiciales, indicando que sus representantes han llegado a ser detenidos por delitos de extorsión y por la reclamación de deudas mediante amenazas.
Según sostiene el escrito, bajo la premisa de ejercer una mediación privada en supuestos casos de okupación, este tipo de empresas actúan en realidad para exigir el pago de deudas. La organización añade que, en diversas ocasiones, estas actuaciones pretenden desalojar a personas que residen legítimamente en los inmuebles y mantienen sus contratos de alquiler al día.
IU enumera prácticas como visitas insistentes a domicilios, intimidaciones, insultos, seguimientos e incluso agresiones. A juicio del partido, estos hechos justifican la apertura de una investigación formal para constatar si la mercantil cumple con la legalidad vigente y cuenta con las licencias requeridas para su actividad.
El coordinador local de la formación en San Andrés del Rabanedo, Álvaro Martínez, defiende que «para este tipo de situaciones están los Juzgados y la Ley». El responsable local enfatiza que en un Estado de derecho ninguna supuesta deuda justifica la vulneración de derechos fundamentales mediante acoso o coacción, y exige que las instituciones actúen con contundencia si se comprueba que existen empresas que hacen de estas conductas su modelo de negocio.
De igual modo, trasladan informaciones publicadas en medios de comunicación que señalan al líder de Desokupa CYL como presunto responsable del fraccionamiento e invasión no autorizada de 40 inmuebles de la Sareb en el residencial 'Arroyovereda', situado en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), para la posterior distribución de llaves. La organización califica de «especialmente preocupante» que personas vinculadas a sectores de la extrema derecha, con condenas por extorsión, participen en acciones de presión contra la ciudadanía.
Por último, piden que se revise el marco legal que regula a este tipo de mercantiles, con el objetivo de evitar que actividades presentadas como mediación privada deriven en situaciones de coacción o hostigamiento hacia colectivos vulnerables.