Se actuará principalmente en los casos «flagrantes»

El Ministerio de Justicia, para que sus previsiones se conviertan en realidad, tratará de aprovechar la circunstancia de que, en un gran número de casos, la nueva ley se aplicará a los llamados «delitos flagrantes», en los que los acusados son «pillados con las manos en la masa». Así, se ha introducido una especie de «premio de conformidad» por el que el acusado que, en el propio juzgado de guardia, acepte la más grave de las penas que se pidan contra él verá reducida su condena en un tercio. De este modo, el asunto habrá sido resuelto totalmente en unas pocas horas. Pero Justicia también quiere sacar ventaja de las nuevas tecnologías, y buena parte del esfuerzo inversor realizado ha sido destinado a poner en marcha un nuevo acceso «en modo web» al Registro Central de Penados y Rebeldes, facilitando a los secretarios judiciales una clave personal e intransferible para que dispongan al momento de los antecedentes penales de los imputados. Además, la Policía Judicial podrá acceder, también a través de una clave, a la agenda del Juzgado de guardia correspondiente, introduciendo directamente en las fechas y horas disponibles las citaciones de los implicados. Una comisión de seguimiento integrado por cuatro vocales del Consejo General de Poder Judicial, fiscales, abogados, policías y representantes del Ministerio de Justicia y de las comunidades autonómas con competencias en este ámbito valorará la marcha de los juicios rápidos. En este sentido, el ministro Michavila explicó que la citada comisión de seguimiento se reunirá para valorar la marcha del nuevo sistema tras una semana de funcionamiento, y luego volverá a hacerlo a las tres semanas y también al cumplirse el primer mes.