La policía desaloja por la fuerza a los regantes del Páramo de la sede de la CHD

La situación creada ayer por las autoridades, que decidieron expulsar al relevo de agricultores del quinto día de encierro en la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero en León enviando a la policía cuyos mandos traían una orden para las siete de la tarde. Pero lo hicieron «por cojones», según dijo que oyó uno de los regantes, y «con intimidación y por la fuerza» minutos antes de las seis. Lo que puso en pie de guerra a los regantes. De tal forma, que una hora después de la expulsión de la sede de CHD -junto a los máximos representantes de los sindicatos agrarios Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) y Coag (Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas) y a los que se les unieron una cincuentena más de agricultores y familiares- se fueron a la sede provincial del PP a protestar por lo sucedido. En el momento en que intentaron entrar al edificio, la policía cargó contra ellos, recibiendo varios porrazos tanto Juan Antonio Rodríguez y Óscar Herrero, de Coag, como José Antonio Turrado y Marino Fernández, de Asaja; éste último recibió un fuerte golpe en la cabeza. La solución, en los contenciosos Y es que el problema tiene difícil solución. Los agricultores afirman que la cuota propuesta por CHD -80,10 euros, sin contar 54 euros por el gasto eléctrico, por hectárea- para pagar las obras de la elevación son inasumibles si se suman a lo que deberán desembolsar para transformar sus hectáreas de regadío al año -más de cien euros-. Aseguran que sus cultivos no serían rentables. Sin embargo, el presidente de la CHD, José Carlos Jiménez, manifestó en una rueda de prensa celebrada ayer en la Subdelegación del Gobierno que «es una cantidad adecuada y ajustada a los costes, que no se puede retirar porque sería prevaricar». Es más, Jiménez reiteró ante los medios que hablaría «todas las veces que fueran necesarias con los afectados», aunque reconoció que la única solución de los regantes es la reclamación: «Ir o por lo contencioso administrativo o por los tribunales contra mi decisión, que yo creo que es la correcta».