Los cuatro imputados por el accidente de un encofrador aceptan las penas propuestas

Cuatro de los cinco acusados de por el fiscal de haber incurrido en los delitos de imprudencia y contra los derechos de los trabajadores por la muerte de un encofrador en un accidente laboral, aceptaron la petición de penas, rebajadas respecto a las que inicialmente había solicitado la acusación pública. El proceso judicial se derivó del accidente laboral por un corrimiento de tierras en el proceso de construcción de un bloque de 88 viviendas en la capital leonesa. El resultado del incidente fue un trabajador muerto, el día 30 de abril de 2001. Se dio la circunstancia, avalada ayer durante la vista oral por los inspectores de trabajo que realizaron la declaración pericial, de que la inspección elaboró informes previos que aconsejaron la detención de la obra hasta que se aportaran las correcciones oportunas para adecuarse al plan de seguridad. «No se adoptaron las medidas correctoras que se indicaron», señaló uno de los inspectores que asistió el día siguiente al de la muerte del trabajador a la obra. Representantes de la empresa Los representantes de la empresa, el arquitecto técnico, el jefe de obra y el encargado de obra, después de atender a la responsabilidad civil de las indemnizaciones, aceptaron la petición de penas de seis meses por cada uno de los dos delitos -el de imprudencia y contra el derecho de los trabajadores-, además de seis meses de multa. Para cada uno de estos cuatro acusados, el fiscal solicitaba inicialmente una pena de tres años de prisión, petición que se redujo al llegar a un acuerdo las partes, el cual pasó por el pago de la indemnización solicitada para los progenitores del fallecido, 80.000 euros. El arquitecto de la obra se declaró inocente de los cargos; el fiscal pidió para él siete meses por el delito contra los derechos de los trabajadores y quince meses por el delito de imprudencia grave con resultado de muerte. La muerte del trabajador se produjo en una obra que previamente había sido paralizada por la Inspección de Trabajo debido a que «carecía de un medio de protección adecuado para evitar el riesgo de desprendimiento y derrumbe», según el fiscal. «El accidente estaba cantado», matizó el representante del ministerio público, que aseguró que la responsabilidad recaía también en el arquitecto. Esta propuesta fue rebatida por la abogada del profesional. En el accidente falleció Pedro González, después de que se reabriera la actividad en la obra a pesar de la recomendación de cierre que habían sugerido los inspectores de trabajo. La víctima mortal trabajaba para una subcontrata, la cual era ajena a la advertencia de Trabajo. Según el fiscal, el Plan de Segurida dependía de la contratista «correspondiendo por lo tanto a los imputados a la observancia de las citadas medidas preventivas».