Los 1.100 empleados de Renfe no saben dónde trabajarán en mayo

Los secretarios federales del sector ferroviario en CC.OO. y UGT, Juan Carlos Cáceres y Honorio Vázquez, acudieron ayer a León para informar a los 1.100 trabajadores de Renfe en la provincia sobre la nueva Ley del Sector Ferroviario y los 36 reglamentos que la desarrollan. Esta ley y sus reglamentos culminarán el 18 de mayo con la segregación de Renfe en dos entes públicos empresariales, Adif y Renfe Operadora, y con la liberalización del transporte de mercancías en una primera fase para dar entrada a la competencia de empresas privadas, que más adelante también podrán competir con Renfe en el transporte de viajeros. Los responsables de los dos sindicatos mayoritarios denuncian una excesiva prisa a la hora de llevar adelante este proceso, una precipitación de la que Vázquez responsabiliza a un supuesto afán del ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, por dejar su huella antes de dejar el cargo. Cáceres y Vázquez reclaman que el proceso de liberalización se lleve a cabo paso a paso, sin precipitaciones, y ponen como ejemplo el hecho de que aún no se haya definido qué trabajadores de la actual Renfe pasarán al futuro ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), y cuales se integrarán a partir de mayo en Renfe Operadora, ya que aunque es de esperar que la primera asuma los actuales departamentos de circulación, patrimonio e infraestructuras, mientras que la segunda acoja al personal de los actuales talleres, cargas y líneas, también hay ciertos puestos, sobre todo los de servicios como informática, seguridad o formación, que pueden pasar indistintamente a cualquiera de las dos nuevas empresas, sin que los trabajadores sepan nada al respecto a cuatro meses vista de la desaparición de la actual Renfe. Problema de la deuda histórica Otra cuestión que preocupa especialmente a los sindicatos es la deuda histórica que acarrea la actual Renfe, que supera los 7.500 millones de euros, y que Fomento plantea dividir en tres paquetes: uno de 1.500 millones para el propio Ministerio, otro de 4.400 para el Adif y otro de 1.600 para Renfe Operadora. Los responsables de CC.OO. y UGT denuncian que no existe un plan de viabilidad para esta deuda, que supondrá un lastre para competir en un mercado liberalizado, y advierten sobre la necesidad de paliar estas cargas con contratos programa u otros sistemas. Para reclamar que se negocien estos puntos en el proceso liberalizador del ferrocarril, los sindicatos han convocado una gran concentración para el 13 de febrero en Madrid y una manifestación para el día 21.