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ANDONI NIETO GARCÍA
León

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UN AÑO MÁS, Castilla y León se convierte en uno de los puntos negros del sector aeronáutico español, al permitir el uso de los helicópteros «restricted». Este tipo de aparatos, adquiridos a Ejércitos como los de Israel o EE.UU que los retiran por su antigüedad, no reúnen las condiciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad de quienes los tripulan. Los «restricted» vuelan con licencias de aeronavegabilidad restringida en virtud de varias circulares operativas de Aviación Civil, pero sus lamentables condiciones han llevado a que tan sólo Castilla y León y Andalucía autoricen su uso durante la campaña de incendios. Desde el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, Sepla, llevamos años tratando de hacer ver a las Autoridades el peligro que supone transportar a cuadrillas de bomberos en este tipo de aparatos, cuando sus propias restricciones impiden su utilización para el transporte de personas. Entendemos que los bomberos, como los pilotos, no sólo entran dentro de esa categoría, sino que se juegan la vida para salvaguardar nuestro patrimonio natural y nuestras propias vidas. Por eso, trasladamos nuevamente nuestro apoyo a las cuadrillas de bomberos de Castilla y León, algunas de las cuales se niegan a arriesgar su vida volando otro año más en helicópteros de estas características. Por desgracia, la polémica tantas veces denunciada por SEPLA del uso de los «restricted» es tan sólo la punta de un iceberg cuyo origen reside en la actitud de empresas como la adjudicataria de los servicios de extinción de incendios en Castilla y León. Hoy por hoy, los pilotos de helicópteros españoles se enfrentan a un panorama sombrío y en el que las empresas que monopolizan el sector vulneran habitualmente sus derechos como trabajadores, con la absoluta permisividad de las Autoridades: se incumplen de forma habitual sus límites de trabajo y descanso, trabajan en helipuertos y bases operativas que se encuentran en condiciones precarias, no se les facilita programaciones de trabajo, descanso y vacaciones, se les obliga a permanecer las 24 horas conectados a teléfonos móviles sin reconocer su disponibilidad a efectos de fatiga y descanso... La lista de abusos es interminable, pero los Gobiernos autonómicos y la Dirección General de Aviación Civil siguen consintiendo que los empresarios interpreten la Ley a su antojo, al amparo de unas necesidades cuyo único fin es el engrosar sus arcas.

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