Coag afirma que reducir el precio de la remolacha puede acabar con su cultivo

Los responsables de la Unión de Campesinos-Coag en Castilla y León advirtieron ayer de que la reducción del precio de la remolacha puede acabar con el cultivo en esta comunidad autónoma y afectar, además, gravemente a otros colectivos directamente relacionados. Según recuerda Coag en un comunicado de prensa, la propuesta de la Reforma de la OCM del azúcar presentada en julio por el comisario de Agricultura, Franz Fischler, propone eliminar el mecanismo de intervención y sustituirlo por un precio de referencia que se reducirá considerablemente en dos fases. Así, el precio mínimo de la remolacha para el periodo 2.005/2.006 y 2.006/2.007 sería de 32,8 euros/tonelada y a partir de la campaña 2.007/2.008 de 27,4 euros/tonelada frente al precio actual de 48,19 euros/tonelada. «Esto supone una reducción del precio en el primer periodo del 32 por ciento y a partir del segundo periodo de un 43 por ciento», explican desde Coag, organización agraria para la que con estas cifras «se entiende que ningún cultivador pueda producir remolacha con esta drástica bajada precios», informa Europa Press. Abandono del cultivo Coag asegura que con estas perspectivas y pese a la compensación parcial del precio que propone la reforma, los productores se verán obligados a abandonar el cultivo, con el correspondiente perjuicio económico, «no sólo para la economía de muchas explotaciones familiares y el desequilibrio de producciones y precios de otros cultivos, sino también para muchas empresas y personal laboral que giran en torno al sector como pueden ser transportistas, empresas de servicios, casas de riego, semillas, maquinaria agrícola, fitosanitarios, etc». Pérdidas para el productor Desde la Unión de Campesinos lamentan que esta rebaja en el precio de la remolacha no vaya acompañada de una reducción del precio de los imputs agrarios, como puede ser el gasóleo, fertilizantes, maquinaria, fitosanitarios., «por lo que el total de las pérdidas las tendrá que soportar el productor, ya que tampoco va a suponer una reducción del precio del azúcar al consumidor». Esta organización agraria insiste en que la Junta debe realizar un estudio evaluando las repercusiones que tendrá la reforma del azúcar en la economía de Castilla y León y presionar para que «el Gobierno de la nación no fracase en estas negociaciones», puntualizó.