El PSOE pide a la Junta agilidad para evitar problemas a quienes reciben pensiones no contributivas

Mejorar el sistema informático que se utiliza para la gestión de las pensiones no contributivas, realizar una campaña personalizada de información en su domicilio a los beneficiarios y comprobar las solicitudes en el momento de ser entregadas son las tres medidas que se recogen en una proposición no de ley enviada por el Grupo Parlamentario Socialista a las Cortes de Castilla y León, con la que se pretende evitar los problemas que muchos perpectores de estas pensiones sufren como consecuencia del retraso en las revisiones. La propuesta fue presentada ayer en León por los procuradores Inmaculada Larrauri e Ignacio Robles, quienes denunciaron que las deficiencias en la gestión que lleva a cabo la Junta provocan situaciones complicadas a personas que pertenecen a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. El número de beneficiarios de pensiones no contributivas es en León de 5.801 (datos del 2003). Todos ellos tienen que presentar anualmente un informe de su situación para justificar la continuidad en el cobro; sin embargo, la revisión de estas declaraciones tarda de media más de seis meses. Esta situación provoca que, si se produce un cobro indebido, la Junta solicite las devoluciones de lo cobrado durante varios meses, con el consiguiente quebranto económico para los perceptores, personas con escasos recursos económicos. En el 2003 la Junta solicitó devoluciones a 279 perceptores de estas pensiones por cobros indebidos, por una cantidad de 454.797 euros. La cuantía media de las devoluciones solicitadas fue de 1.630 euros (el cobro mensual asciende a 276), aunque cabe la posibilidad de devolverlas de manera fraccionada. Larrauri apuntó que sólo tres personas presentaron una demanda judicial contra la reclamación de la Junta, y una de ellas obtuvo una sentencia favorable. La procuradora señaló que las dificultades económicas de los perceptores provocan que en la mayoría de los casos no se denuncie a la administración autonómica, pero declaró sus sospechas de que ante un mayor número de denuncias sin duda los cobros reclamados indebidamente por la Junta serían numerosos.