Máxima efectividad para lograr el mínimo impacto por la pérdida

«La inminente reducción de las ayudas estructurales europeas hace urgente una reconsideración de la activa política regional seguida en las últimas décadas, que sería aconsejable debido a sus elevados costes de oportunidad. El Estado ha de suavizar el shock adverso que supondrá para muchas regiones españolas su salida del Objetivo 1 europeo, pero ha de intentar también minimizar el impacto agregado de esta pérdida de recursos mediante una utilización más eficiente de su presupuesto de inversión». Es la conclusión del autor del informe sobre las medidas que deberá tomar el Gobierno ante la pérdida de fondos europeos. Una reflexión que surge unida en todo momento al debate sobre el modelo de financiación territorial, como principal mecanismo de cohesión entre todas las comunidades autónomas españolas. El informe es claro: la pertenencia a uno u otro territorio no debe influir en la garantía de las obligaciones tributarias, el acceso a las prestaciones sociales o a los servicios públicos esenciales del estado del bienestar. En el informe queda claro que las regiones más desfavorecidas o sumidas en alguna crisis deben contar con un «volumen razonable» de ayuda por parte del Estado para garantizar el nivel de vida de sus habitantes.