El objetivo de una redistribución justa

Si las ayudas europeas se hubieran repartido entre todas las regiones españolas, incluidas aquellas que no son Objetivo 1, atendiendo al rendimiento esperado de la inversión en infraestructuras en cada territorio, Ángel de la Fuente concluye que el 58% de las inversiones se habrían destinado a las regiones más ricas, lo que daría lugar «a una política de inversión pública bastante menos redistributiva pero más eficiente». Cualquiera de las decisiones que se tomen para determinar el impacto de la política de inversión pública debe tener en cuenta el sistema impositivo y de protección social que canalizará una parte importante de las ganancias de renta hacia las regiones y los grupos sociales menos favorecidos. Se trataría, pues, de establecer un sistema de protección social para el conjunto del país que garantice que una parte importante de las ganancias que se obtendrían con este cambio de política se trasladará a las regiones más pobres, «y muy especialmente a las capas más desfavorecidas de la población en todo el territorio nacional». Una política de redistribución de riqueza en la que entra de lleno el debate sobre un sistema de financiación territorial que no debilite estos mecanismos de cohesión, porque al final se trataría de repartir la riqueza entre todo el país.