La Junta se ceñirá a la ley para adoptar una decisión definitiva con El Feixolín

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Fernández, advirtió ayer que el gobierno de la autonomía no intercederá en favor de ninguna de las partes en conflicto, tras la crisis abierta en la explotación minera de El Feixolín: «Nos limitaremos a cumplir la ley y acataremos la sentencia que haya dictado el juez» declaró ayer tarde. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León dictó esta semana una sentencia, de acuerdo a la cual, la explotación a cielo abierto que MSP mantiene en la corta de El Feixolín, debe ser paralizada por falta de licencia ambiental. El alcalde de Villablino, Guillermo Murias, firmará mañana el decreto que ejecuta la orden, si bien la empresa lamenta que no se contemple una parte dispositiva en la que el texto reconoce la existencia del derecho al recurso de apelación. La primera determinación de Minero Siderúrgica de Ponferrada ha sido retener las nóminas de los 700 trabajadores de que dispone la empresa. También se ha advertido la posibilidad de presentar un expediente de regulación de empleo, que afectaría a 160 trabajadores: «Si ese expediente llega a nosotros, lo estudiaremos, pero no podemos hacer otra cosa en la actualidad» insistió el delegado de la Junta. Cumplimiento obligado Eduardo Fernández entiende que el juez ya se ha pronunciado «y lo que hay que hacer es cumplir las sentencias, que para eso están. Otra cosa es que nosotros podamos interesarnos por la forma en la que se va a cumplir, porque lo que tenemos claro es que, de acuerdo a los informes de los técnicos de la sección de Minas, sería peligrosísimo abandonar esa instalación tal como está. Primero hay que acometer una serie de trabajos de recuperación, y después, hay que ser conscientes de la necesidad de que el apartado de seguridad, tampoco se puede descuidar, con lo cual, nosotros entendemos que, lo que la sentencia dice, es que hay que paralizar las tareas de extracción de mineral, nada más. El resto de los sectores, deben seguir funcionando exactamente igual que lo han hecho hasta ahora». De otra parte, los límites definitivos de la participación de la Junta en este conflicto están claros: «Nosotros lo único que podemos hacer es presentar los informes de la sección de Minas y el estudio de la sentencia que ha elaborado la asesoría jurídica de la Junta. Los primeros, para que se establezcan las bases de los trabajos que se deberán realizar en esa zona, y los segundos, para vigilar el estricto cumplimiento de la ley cuando se solicite nuestra mediación, como parece ser que va a suceder». Con preocupación Preocupado por la situación laboral en la que pueden quedar un centenar y medio de trabajadores en caso de que se ejecute el expediente de regulación de empleo, Fernández insistió: «De momento, no nos han presentado nada. Si lo entregan, pues lo analizaremos. Otra cosa, no podemos hacer en este momento, la verdad. Estamos procediendo de la misma forma que cuando se llevaron a cabo las medidas cautelares anteriores. La semana que viene va a ser clave para todo este asunto». «Los únicos trabajos que deben detenerse son los de extracción, el resto tienen que seguir igual» EDUARDO FERNÁNDEZ Delegado de la Junta en León