De la teoría a la práctica

Quizá sobre una parte de los proyectos financiados o subvencionados con fondos en teoría a cargo de la Ley de Actuación Minera 2004-2007 planee la sombra de la duda, pero la exposición de motivos que hace esta norma sobre su justificación, es decir, la parte teórica, está expresada con claridad. En la ley, aprobada el pasado mes de junio, se explica que las actuaciones se enmarcan en las que llevan a cabo las distintas administraciones para apoyar los sectores productivos «que han comenzado a surgir en las comarcas mineras» como alternativa a la minería del carbón. También recuerda la norma que sus actuaciones se amplían a la minería no metálica (pizarra, roca ornamental y minería metálica), un sector «emergente con un dinamismo que representa un importante motor de actividad». Para estas últimas comarcas mineras las actuaciones se centran en las infraestructuras, ya que suelen estar en zonas de difícil acceso. En conjunto, las líneas de ayuda van encaminadas por un lado a mejorar la producción minera, y por otra, a modernizar y diversificar las actividades económicas existentes, «priorizándose las zonas especialmente deprimidas». Mejora del hábitat La ley explica también que se contemplan actuaciones para mejorar el hábitat de los municipios mineros, como la mejora de las comunicaciones, las telecomunicaciones o el suministro de energía eléctrica. Por último, se considera otra línea de actuación la destinada a la formación. También se aclara que en el Programa de Actuación en las Comarcas Mineras se incluyen no sólo los fondos previstos en la ley, sino «aquellos otros programas que, con referencia específica a la minería, pudieran articularse en el futuro con cargo a fondos comunitarios o a otras administraciones, gestionados por la Junta». También se expresa con claridad la normativa a la hora de establecer qué municipios pueden acceder a estas ayudas: «aquellos en los que existan o hayan exisito explotaciones mineras, o que exista una dependencia de la minería para su economía». Las empresas subvencionadas deberán fijarse en estos municipios, y tendrán «tratamiento más favorable y prioritario» los proyectos que se ubiquen en los municipios más afectados por la reestructuración de la minería del carbón, «en términos de pérdida de población, de empleo y de explotaciones mineras». En la Ley de Actuación Minera la Junta se compromete también a elaborar una estrategia especial con vías rápidas en los municipios mineros, así como polígonos industriales. También contempla actuaciones para fomentar la agricultura y ganadería, aunque entre los proyectos ya financiados con esta línea de ayudas se encuentra, por ejemplo, la infraestructura de regadío en la zona de concentración parcelaria de Gradefes.