Fin a un proceso «trompicado»

Dos años y medio después de que Victorino González Ochoa fuera elegido presidente de Caja España, a principios del 2004, el proceso de renovación de cargos en la entidad financiera se inició con una sorpresa: otro empresario de la construcción, Santos Llamas, estaba dispuesto a hacerse con el cargo. Al margen de los apoyos más o menos explícitos que desde la Junta se mostraron, pronto quedó clara la opción para posicionarse: el consenso, esa fue la palabra clave para mantener la estabilidad en la entidad financiera y conservar la calma conseguida en este último periodo. Y el consenso cayó enseguida del lado de Llamas. El proceso electoral se inició ofialmente el 11 de abril, y suponía la renovación de 85 de los 160 miembros de la asamblea, y de nueve de los 17 representantes del consejo de administración. Un mes después, el 8 de mayo, Llamas presentó oficialmente su candidatura arropado por las organizaciones empresariales y por el PP, PSOE y UPL. Una lista mayoritaria a la que pronto se sumaría UGT, y a última hora CC.OO. (que finalmente fue el elemento díscolo de la candidatura, y hasta ayer mismo se abstuvo en el apoyo a su propio candidato). Otras cuatro candidaturas optaron a los representantes por los impositores: Asaja, que concurrió con Csica; UEA; PAL y Pedro Conde. Ante el apoyo mayoritario de partidos y sindicatos a Llamas, el actual presidente decidió no presentarse a las elecciones, pero ha reiterado que la estabilidad y unos resultados históricos son una herencia que no se puede ignorar. Una jornada polémica Mientras la renovación en los otros grupos transcurría casi en la trastienda de las negociaciones, los impositores vivieron un lamentable proceso electoral el 24 de junio, enturbiado por la anunciada y aireada compra de votos por parte de la lista de Conde: cien euros a cambio del apoyo. Los resultados fueron 24 consejeros para Llamas, 10 para el polémico Conde, siete para Asaja-Csica, siete para UEA y tres para el PAL; salpicados, eso sí, con un cruce de acusaciones de conductas poco éticas entre algunas de las candidaturas. Entre amenazas básicamente no cumplidas de recursos y apelaciones la Comisión de Control ratificó los resultados, mientras la Junta abría una investigación para determinar la existencia de irregularidades, ya que distintos informes jurídicos optaron por no apuntar ilegalidades. El 8 de julio las dudas, que no eran tales, sobre las posibilidades de Llamas quedaron disipadas al anunciar un acuerdo con Asaja, Csica y UEA en el reparto de cargos. También le respaldó Conde, en un intento de evitar la anunciada revocación de los miembros de su lista en una próxima asamblea general extraordinaria. El día 11 el juez decide no admitir a trámite una demanda del PAL, porque es Hacienda la competente, y pocas horas antes de la asamblea constituyente la consejería decide no anular un proceso electoral que califica de «trompicado». Eso sí, la investigación sigue su curso.