Victorino Alonso se enfrenta a un año de prisión, acusado de un delito fiscal

El empresario minero leonés Victorino Alonso deberá hacer frente el próximo día 26 de septiembre a los cargos formulados en su contra por la fiscalía de la Audiencia Provincial, que le juzgará bajo la acusación de un supuesto delito contra la Hacienda pública, por el que se solicita una condena de un año de prisión y una multa que no ha podido ser cuantificada por este periódico, aunque los primeros indicios apuntan a que el montante es superior a los 100.000 euros. Los hechos se remontan a 1993. Una de las empresas propiedad de Victorino Alonso, dedicada a servicios auxiliares de seguridad de minas, que sin embargo no tenía relación directa con las explotaciones mineras de su propiedad, fue objeto de una inspección fiscal, a resultas de la cual, se emitió un informe en el que se hacían constar diferentes irregularidades que, a criterio del ministerio fiscal, exigían una explicación. Cinco años después, ya en 1998, la diferencia de criterios entre la acusación y la propia compañía seguía latente. A criterio de la administración de la empresa, no existía ningún tipo de irregularidad, y todo se debía a una diferencia de criterios entre las dos partes. Después de agotar diferentes estadios, la acusación pública decidió continuar adelante con el proceso, que tiene prevista la sesión oral para el último martes de este mes. La empresa rechaza la mala fe Fuentes de la empresa consultadas en la noche de ayer negaron que el propietario de las explotaciones mineras sea responsable del delito que se le imputa: «Lo que hay es una diferencia a la hora de interpretar los baremos correspondientes a una serie de trámites administrativos que se realizaron en su día, y respecto a los cuales no había ninguna mala fe, sino que se funcionaba como se consideraba normal en aquella época. Hacienda dice que no está de acuerdo, y reclama su parte, y ahora es el juez el que deberá dictaminar quién tiene razón, aunque con el nuevo Código Penal, estas cuestiones parecen más que nada un asunto disuasorio. No se pretende meter a nadie en la cárcel por un asunto de estas características, sino que se advierte a quienes puedan cometer delitos de este tipo a propósito de cuáles pueden ser las consecuencias. No es el caso, porque no ha habido ninguna irregularidad y mucho menos mala fe a propósito». Hay un segundo acusado La acusación se hace extensiva a una segunda persona, de acuerdo a los datos recabados, aunque no ha trascendido su nombre. Solamente se sabe que el ministerio fiscal solicita para este segundo acusado la misma multa que para el empresario minero, aunque no ha trascendido el motivo de la acusación y su relación con el caso. Solamente se ha podido confirmar que Victorino Alonso no es la única persona imputada en este caso, siempre según fuentes judiciales consultadas en las últimas horas. El propietario de Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y Unión Minera del Norte, S. A. (Uminsa) ostenta el cargo de presidente de la patronal nacional de la minería del carbón (Carbunión) desde el mes de enero de este año, entre otros cargos.