Caja España expulsa sólo a dos de los consejeros de la lista que compró votos

La asamblea general extraordinaria de Caja España decidió ayer la separación de sus cargos de consejeros generales de Pedro Conde y Ulpiano Hernández, pero no del resto de los miembros de su candidatura, después de debatir el informe jurídico encargado por la Comisión de Control tras la supuesta compra de votos que se produjo durante las elecciones a consejeros por el grupo de los impositores. La presidencia de la asamblea rechazó, sin embargo, votar la propuesta presentada por CC.OO. y la Unión de Empleados de Ahorro (UEA), que propugnaba la expulsión de todos los miembros de la candidatura por considerar que la permanencia de este grupo abre la vía a futuras actuaciones irregulares durante los procesos electorales. Los dos cargos de consejero general serán expulsados por otros dos candidatos de la misma lista de Conde. Según informó ayer la entidad financiera, la separación de los cargos se produce por «haber perjudicado con su actuación, durante la última campaña de elecciones por impositores, el prestigio, buen nombre y la imagen pública» de la caja. La expulsión fue aprobada por 97 votos a favor, y se registraron 14 abstenciones y ningún voto en contra. En el momento de la votación los miembros de la lista de Conde habían abandonado la asamblea, y tampoco ejercieron su derecho al voto los representantes de CC.OO. y la UEA. Tras la exposición de los motivos jurídicos que respaldan la propuesta de la Comisión de Control por parte de su presidente, Antonio Vázquez Jiménez, tanto Pedro Conde como Ulpiano Hernández defendieron su postura ante el resto de los consejeros generales. Conde argumentó que no se le ha permitido ejercer una defensa jurídica, además de asegurar que sus candidatos repartían ante los colegios electorales papeletas de voto. El rechazo de la presidencia a debatir la propuesta presentada inicialmente por escrito por CC.OO. y UEA provocó una sonora protesta de los trece consejeros con los que estos sindicatos cuentan en la asamblea. De hecho, han advertido que presentarán una queja por escrito a la Comisión de Control y al presidente, Santos Llamas; y que informarán por escrito a todos los consejeros generales. La propuesta defendía que la compra de votos «es una actuación que pervierte el sistema democrático», y que la separación de sólo dos de los integrantes de la candidatura «da carta de naturaleza a un sistema de compra de votos como el utilizado por Conde». También exigen una reforma de la Ley de Cajas. La separación de sus cargos de consejeros generales de la asamblea de Caja España de Conde y Hernández tendrá un nuevo capítulo cuando se resuelva la demanda que el cabeza de lista presentó el lunes pasado contra la entidad financiera ante el Juzgado de Primera Instancia de Medina del Campo, en Valladolid, en la que considera que esta medida vulnera sus derechos fundamentales. Conde pedía que no se celebrase la votación que tuvo lugar ayer. El origen de los hechos está en una carta enviada por Conde a los 510 impositores seleccionados para votar a sus representantes en la asamblea general de la entidad (en la que tienen un 32% de los consejeros, en total 51 de 160). En aquella carta se informaba que ante las sedes electorales habría candidatos identificados que entregarían un voto con el sobre y cien euros en efectivo «de regalo» por darles su apoyo. En las elecciones del 24 de junio otras candidaturas (la del actual presidente, Santos Llamas; Asaja-Csica y UEA) presentaron un acta de impugnación por la ostentanción con la que los miembros de la lista de Conde habían entragado el dinero en varios colegios electorales. La Comisión de Control decidió, después de estudiar los informes jurídicos, plantear la separación de sus cargos de dos de los candidatos «compradores».