La Fiscalía estima indicios de delito en el caso del sabinar de Mirantes

El fiscal encargado de estudiar la denuncia presentada por dos procuradores socialistas por la presunta vulneración de la normativa medioambiental en el caso del sabinar de Luna estima que existen indicios de delito que justifican la presentación de una querella criminal. El acusador público decidió formularon escrito de querella que se remite al Juzgado Decano de Instrucción «a los efectos correspondientes». Para el fiscal especial para asuntos de medio ambiente y urbanismo asignado a la jurisdicción de León, de las diligencias de investigación abiertas con el número 75/2006 se desprende que existen indicios de la posible comisión de un delito «contra el medio ambiente previsto y penado en el artículo 325 del Código Penal» por la eliminación de «aproximadamente 170 sabinas» y la posible existencia de «una ampliación ilegal y de hecho de la explotación de una cantera situada en los Barrios de Luna. El artículo 325 La resolución fiscal abre una nueva vía judicial en el proceso ya que a partir de este momento será el Decanato el que deberá adjudicar las diligencias del caso al tribunal que estime competente para dirimir las presuntas actuaciones delictivas en la explotación. El artículo 325 del Código Penal prevé penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por un tiempo máximo de tres año al que «contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente provoque o realice directa o indirectamente» actuaciones que «puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales». Los procuradores Antonio Losa e Inmaculada Larrauri presentaron el pasado mes de noviembre un escrito ante la Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de León en el que aseguraban que, como «procuradores en las Cortes de Castilla y León, han tenido conocimiento de los hechos» que «pudieran ser constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el Medio Ambiente» Afirman los parlamentarios socialistas en la denuncia presentada tras conocer diversos informes y denuncias de la guardería forestal y de agentes del Seprona, decisivos en el origen de este proceso, que la cantera situada en Mirantes ejerce actividad fuera del ámbito concedido a la explotación inicialmente. La empresa Navaleo negó en diciembre, tras conocer las denuncias de los procuradores socialistas, cualquier irregularidad.