León convocará un nuevo contrato para el servicio de la limpieza

El alcalde de León, Mario Amilivia, anunció ayer que el Ayuntamiento convocará un nuevo concurso para la prestación del servicio de limpieza, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimara el recurso interpuesto por la empresa contra la sentencia del pasado verano, que declaró nulo de pleno derecho el contrato de prórroga firmado por el anterior equipo de gobierno, formado por PSOE y UPL. La medida adoptada por el primer edil de la ciudad suspende de manera definitiva el acuerdo por el que la concesionaria de la limpieza había conseguido una prórroga de siete años -que entraría en vigor el 1 de enero del 2008-, con una factura de 102,7 millones de euros, con lo que se incluye la adquisición de la maquinaria necesaria para poder adaptar el servicio a los requerimientos de la recogida selectiva del CTR de San Román de la Vega. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León suscribe la argumentación ya empleada por el magistrado de la sala de lo contencioso-administrativo número 2 de León, en la que se detalla que «dada la cuantía del primitivo contrato y la de la modificación introducida se excede el 20% de aquel, por lo que es preceptivo el informe del Consejo Consultivo de la comunidad autónoma». Amilivia incidió en que «la responsabilidad es del anterior equipo de gobierno y del entonces alcalde, Francisco Fernández, que asumió en el Pleno impulsar el acuerdo», pese a no contar con el informe del Consejo Consultivo, lo que originó que el grupo de concejales del PP interpusiera la denuncia que después fue aceptada y ahora reafirmada por parte de los juzgados. Con el objetivo marcado en el PSOE y la UPL, el alcalde quiso aclarar que «no se pone en entredicho el trabajo de la empresa concesionaria, que desarrolla una labor óptima», pero avanzó que planteará «un nuevo concurso, como sucedió con el transporte urbano, que sea menos gravoso para los intereses del Ayuntamiento y mejore la amortización». La decisión, según puntualizó Amilivia, no supondrá ningún coste para el consistorio, dado que en los pliegos del concurso se fijará la obligación de que el adjudicatario se subrrogue en las obligaciones del anterior.