UGT denuncia que la inspección educativa está al servicio de la Junta
El secretario provincial de Educación en UGT, Jesús López, denunció ayer «la situación en la que se ha convertido el servicio técnico de Inspección educativa, que está al servicio de la Junta y del Partido Popular» y argumentó su crítica revelando que el 50% de los revisores de Castilla y León «son accidentales». El sindicalista afirmó que el director provincial de Educación, Emilio Gutiérrez, los nombra a dedo y obvia, por lo tanto, los trámites preceptivos exigibles para acceder a este cuerpo profesional. De hecho, el encargado de este área en León «relega a los coordinadores definitivos, que tienen su plaza por oposición, a tareas administrativas», clamó Jesús López para acto seguido sentenciar: «Si tuvieran un sótano ahí los tendrían». La controversia suscitada tras la denuncia de UGT basa sus argumentos en el planteamiento de que la consejería quiere crear un tejido profesional formado por sus hombres de confianza, para lo que utiliza «procesos de selección directa dirigidos a sus amigos». Esta situación traerá en un plazo de tres años graves consecuencias para el ramo, ya que en este periodo el 100% de los inspectores «estarán designados por Emilio Gutiérrez». El portavoz de UGT comparó esta situación con la de una «dictadura» y puso como ejemplo el proceso de selección que se ha desarrollado en el CRA de Puente de Domingo Flórez, donde «la evaluación del director ha sido negativa porque tenía un enfrentamiento con el alcalde del pueblo, a pesar de que no incumplía ninguno de los aspectos exigidos». En la misma línea, desveló que en el centro de adultos, que tiene un convenio con la Diputación de León, hay personas contratadas que son familiares directos de los asesores educativos, e incluso llegó a decir que a éstos se les va a hacer fijos discontinuos. Jesús López también quiso aprovechar su comparecencia ante los medios para reprochar la privatización de la mayor parte de los servicios. «Adjudican las becas de comedor y de transporte a una empresa, pero no restan trabajo a la cúpula directiva de los colegios», subrayó el encargado de este área dentro de UGT, quien cree que estas actuaciones sólo son «una forma de beneficiar económicamente a la adjudicataria». Finalmente, exigió un giro radical de la política que la Administración autonómica realiza en este departamento.