Un procurador unifica los intereses de 29 afectados para agilizar los trámites procesales
El juicio por el accidente de Villada podría tardar de seis meses a un año
El leonés que conducía la locomotora insiste en defender su inocencia sobre los hechos
La presumible vista por el accidente de tren de Villada, que ocurrió el pasado 21 de agosto del 2006 y se cobró la vida de siete personas, podría celebrarse en un plazo de entre seis meses y un año como mínimo, en caso de que el juez decida que procede la apertura del juicio oral, si prospera la imputación abierta contra un leonés de 49 años, residente en el barrio de El Crucero en el momento de los hechos, que pilotaba la locomotora y sobre el que se estudia si procede la presunta acusación de un delito de homicidio imprudente. Ayer se cumplió el primer aniversario de los hechos. En la tarde del día de autos, a las 16.54 horas, el Talgo La Coruña-Hendaya se salió de la vía por exceso de velocidad, según recoge la versión oficial del ministerio de Fomento, que sostiene que el convoy circulaba a 130 kilómetros por hora en un tramo en el que el tope máximo se establece en 30 kilómetros por hora. Como consecuencia, el segundo y tercer vagón del ferrocarril, se estrellaron contra un poste cercano a la estación de Villada, pocos kilómetros después de abandonar Sahagún. Siete personas resultaron muertas y un centenar heridas, de las 426 que viajaban a bordo. El conductor del tren sostiene que su actuación se ajustó a las indicaciones que recibió desde el puesto de mando, pese a que el juez ha decidido archivar de forma provisional la imputación que levantó en su día contra el jefe de Tráfico de León, por entender que no es responsable de lo sucedido, a tenor de las conversaciones grabadas y de los telefonemas que obran en su poder. Para agilizar los trámites, que podrían retrasar hasta un año más la decisión de la apertura del juicio, incluso un procurador ha unificado las demandas de 29 afectados, que a pesar de que podrían ser atendidos por el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) prefieren acudir a la vía privada para defender sus intereses. Por el momento, las investigaciones continúan, al mando del juzgado de Instrucción número 3 de Palencia, que se ha hecho cargo de las diligencias desde un primer momento y será quien deba decidir si desde su punto de vista, existe delito y cuál es la calificación que merece.
