Casi 4.000 leoneses se acogen desde enero del 2006 al plan de alquiler garantizado

Durante muchos años, los propietarios de casas en alquiler no han confiado en el marco jurídico que les protegía porque éste, simplemente, les relegaba a un segundo plano frente al arrendatario. Los morosos hacían de los inmuebles una trinchera resguardada bajo la sombra de una ley arbitraria de la que hacían uso los aprovechados. Esto derivó en una retahíla de pisos vacíos que agravaban el problema del acceso a la vivienda. La situación continúa hoy pero de manera más tenue y la implantación del Plan Nacional de Alquiler Garantizado sirve de catalizador frente a las situaciones conflictivas que radian las relaciones contractuales inmobiliarias. Sólo en el 2006, 2.142 acuerdos se firmaron en León bajo la tutela de este organismo, o lo que es lo mismo, un 11,4% de las 18.678 casas que se alquilaron el año pasado en toda la provincia. Si bien, de enero a septiembre del 2007, la cifra es de 1.847, mientras que si se analiza el conjunto de las viviendas arrendadas desde el lanzamiento de la iniciativa, el número alcanza las 3.989. La particularidad del programa concede a las partes un sistema arbitral independiente que permite obtener una sentencia firme en una horquilla temporal de entre 30 y 45 días y para casos de impago se recupera la propiedad en un promedio de tres meses si el demandado no cumple voluntariamente el fallo. Sin vuelta atrás El laudo arbitral -equivalente a sentencia firme en la justicia ordinaria- no es revocable y se considera como «cosa juzgada». En este sentido, los procedimientos finalizados en el ejercicio del 2006, el último del que se tienen estadísticas, llegaron a sesenta, de los cuales 58 responden a problemas en el pago de la renta, uno a daños en el inmueble y otro más a la ausencia del abono económico de las facturas de suministro. Del ejercicio actual aún no existe un balance cerrado, pero sí estimaciones aproximativas que señalan a que el 3% de los alquileres firmados desembocaron en incumplimiento de contrato por alguno de los implicados y, por tanto, en la apertura de un expediente resuelto siempre con un ahorro de unos 1.500 euros, ya que no es necesario acudir a abogados y procuradores para arrojar luz al conflicto.