El Supremo ratifica la pena de un año de prisión al funcionario de la Junta que cobró un trabajo no hecho

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a un año de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Valladolid a un funcionario de la Junta de Castilla y León que cobró 3.692 euros con cargo a la campaña de incendios de León sin haber participado nunca en las tareas correspondientes. El fallo condena así mismo a cinco años de prisión al funcionario que teóricamente diseñó la operación y que ingresó en las cuentas de su esposa 10.619 euros sin que siquiera ella fuese siquiera funcionaria. La esposa ha sido absuelta por el Alto Tribunal, que entiende su participación en los hechos como circunstancial e involuntaria. Los hechos datan de los veranos del 2004 y del 2005. El funcionario, miembro del cuerpo administrativo de la administración de la Junta desde 1998, se encargaba de la tramitación de las nóminas. En el listado de receptores de la provincia de Burgos incluyó a su esposa y ejecutó varios ingresos por el importe consignado. Puesto de acuerdo con un segundo funcionario destinado al Servicio de Infraestructuras para el Tratamiento de Residuos de Valladolid, y con cargo a la campaña de incendios de León, ingresó otros 10.000 euros más que pretendía repartirse a medias, hasta que una inspección interna de la administración territorial descubrió lo sucedido y obligó a los procesados a devolver la totalidad del dinero. El principal imputado es hallado autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de estafa. El segundo incurre como cooperador necesario en un delito continuado de estafa. El Tribunal Supremo rechaza que se haya vulnerado la presunción de inocencia o que se haya producido un supuesto de indefensión. Tampoco acepta que pudiese haberse producido un error informático y mantiene las penas en los términos previstos.