Las sicav rentabilizan los cepillos
Los nuevos pecados capitales ponen en el punto de mira las operaciones financieras de la Iglesia, como las sociedades de inversión en las que participan obispados como el de Astorga
El Obispado de Astorga, cuyas inversiones en los mercados financieros centran de nuevo la atención
Cuidar que los ahorros produzcan lo más posible es una política cuestionable. Salvo, al parecer, cuando la ejerce la Iglesia. No toda la institución ha hecho voto de pobreza, pero si hay algo especialmente sensible y proclive a la polémica es todo aquello que tiene que ver con las cuentas del clero. La última disculpa ha sido la nueva lista de pecados capitales que el Papa Benedicto XVI ha hecho pública. Junto a las manipulaciones genéticas, las conductas contra el medio ambiente, la injusticia social o las drogas se incluye un «No te enriquecerás hasta límites obscenos a costa del bien común» al que no pocos han querido sacar punta. Ignorando los «límites obscenos» y el «a costa del bien común», todo lo que huela a enriquecimiento se pone de nuevo en cuestión. Y en esta mirada crítica a las cuentas del clero ha salido de nuevo a la palestra el Obispado de Astorga, cuyas inversiones y rentabilidades ya fueron aireadas con el escándalo de Gescartera. El pasado fin de semana El País publicaba un reportaje sobre las Sociedades de Inversión de Capital Variable, las conocidas sicav, en las que tienen participación la Conferencia Episcopal y varios obispados. Y hacía hincapié en que estas sociedades no sólo son el intrumento favorito de inversión de los grandes patrimonios españoles (Amancio Ortega, Koplovitz, Abelló, Jové, Entrecanales,...) sino que están bajo sospecha de los inspectores de Hacienda. El fisco considera sospechoso que la «inversión colectiva» (se exige un mínimo de cien socios) sea a menudo demasiado ajustada y con cierto tufillo a arreglo. Porque el caso es que estas sociedades tienen como principal atractivo su fiscalidad, ya que tributan un 1% sobre el beneficio, en lugar de abonar el correspondiente impuesto de sociedades, que está en fase de rebajas hasta un 30%. Entre 1999 y el 2000 se constituyeron tres sicav con participación eclesiástica: Umasges es la mayor; Vayomer, en la que participa el Obispado de Astorga y BI Gran Premiere. En realidad, Vayomer es la menos «sospechosa» de las tres en sus actuaciones financieras. Umasges, gestionada por Caja Madrid y que tiene entre sus accionistas a los arzobispados de Burgos y Madrid, centra buena parte de sus inversiones en los «chicharros», pequeños valores muy volátiles y especulativos. Aunque a la hora de sacar punta a una doble moralidad de la Iglesia es BI Gran Premiere, en la que participa el Obispado de Oviedo, la que tiene más problemas: a los relacionados puramente con el enriquecimiento se suma el hecho de que este sicav es accionista de Pfizer, la farmacéutica estadounidense que fabrica el Viagra y algunos de los más populares anticonceptivos del mercado. Vayomer, según recoge la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se registró en enero del 2000 y solicitó la admisión a cotización de un capital de 24 millones de euros. Según el último informe a los accionistas, del cuarto trimestre del año pasado, tiene un patrimonio de siete millones de euros y 109 accionistas. En enero del año pasado solicitó la exclusión de la negociación en la Bolsa de Madrid y se incorporó al Mercado Alternativo Bursátil. Esta sicav, gestionada por el Banco Santander, tiene como presidente y consejero al ecónomo del Obispado de Astorga, Luis Ángel Vallejo Balda; y como resto de administradores a José Domingo Fernández Campelo, Teresa Alonso Herrero y Pilar Uribarri Chacón. Sus inversiones, sin embargo, no corresponden con el perfil arriesgado que se le achaca a las otras sicav: tiene el 67,5% de su inversión en valores seguros de renta fija y el 90% en empresas nacionales. Santander, el Tesoro, Altadis, Banesto, BBVA, Enagás, Iberdrola, Iberia, Indra, Realia, Telefónica y Unión Fenosa son sus principales apuestas. Como en ocasiones anteriores, el Obispado ha optado por no entrar en la polémica ni en las explicaciones. Como hizo, más allá de las listas públicas de acreedores, cuando se sumó a los denunciantes de Gescartera por la «desaparición» de 311.000 euros que tenía invertidos en la sociedad fraudulenta; en cuya trampa cayeron otros 4.000 ahorradores. En el primer momento se habló de una pérdida de 120.000 euros, que el Obispado se apresuró a matizar que no eran «relevantes» para la diócesis. Más tarde el propio obispo, Camilo Lorenzo, defendió que las inversiones en bolsa permitían a la diócesis afrontar un buen número de proyectos, desde restauraciones de templos hasta mantenimiento de residencia de ancianos. Lo que está claro es que en el Obispado de Astorga, en cuestiones financieras, están a la última.