Como una partida de ajedrez

«Os convocaremos a referéndum cuando haya una propuesta firme o cuando la situación se haya estancado». La profecía que al inicio del conflicto lanzó Javier Fuente, la voz sindical de la huelga en León desde hace dos meses, bajo el sello de CC.OO. se cumplió ayer en una sorprendente mezcolanza de conceptos: ya hay una oferta (otra cosa es que sea realmente viable) y el panorama parece atravesar por un preocupante punto muerto (aunque los trabajadores proclamen su voluntad de eternizar la huelga cuanto haga falta para alcanzar sus objetivos). El planteamiento inicial apuntaba una huelga de duración media bajo el guión establecido para estos casos. Protesta-presión-negociación-acuerdo. Ministerio y sindicatos han convertido ahora el panorama en una partida de ajedrez. Igual que sobre el tablero, las partes recelan de los movimientos de retroceso. El Gobierno no perdona a los trabajadores las fechas elegidas para el inicio de la huelga: «Nos han dado la campaña», reconocieron off the record hace semanas fuentes cercanas al Ejecutivo, después de las elecciones. «Nos ha llamados vagos ¿no?. Pues vamos a cumplir estrictamente nuestro horario laboral y entonces se notará la cantidad de horas de más que trabajamos por nuestra cuenta para hacer frente a la tarea diaria, que nos desborda», responden los funcionarios. Sostiene Justicia que habilitar una partida económica extraordinaria como la que se necesitaría para hacer frente a las exigencias de la plantilla es imposible. No hay opciones de fondo, solamente de forma. En otras palabras, el ministro aceptaría hablar de nuevos plazos, no de nuevas cifras. Para los trabajadores, la cuestión de fondo es otra. Además del asunto económico hay que especificar cómo se recuperará el trabajo atrasado, en qué condiciones habrán de asistir los funcionarios a los cursos de nuevas tecnologías y cómo se pondrán al día las estanterías, repletas de expedientes. Remata el nudo el hecho de que pudiera ser esta la última negociación con el Estado. Una vez transferidas las competencias a la Junta, las barbas de los vecinos funcionarios de Sanidad ya han dado a entender a los de Justicia cuánto hay que poner las propias en remojo. Así las cosas, la única solución que pudiera semejar factible es una concesión bilateral en beneficio de la ciudadanía. Sondear en las arcas del Estado para mejorar la propuesta económica presentada a los sindicatos y hacer un poco más elásticos los plazos de cobro de las retribuciones por parte de los funcionarios. Ninguna opción parece factible...