Los responsables sindicales rechazan el «control político del resorte economico»
UGT se opone a la posible fusión de las inversiones de las cajas de ahorro
«La operación sólo aporta desestabilización e intranquilidad en las entidades», explican

Miguel Ángel Álvarez y Aníbal Merayo, ayer durante la rueda de prensa en la sede de UGT
El sindicato UGT, en representación de los trabajadores de Caja España, manifestó ayer su oposición al proceso de unificación de las inversiones y la obra social de las seis cajas de ahorro a través de la creación de un banco industrial y una central de compras. El posible acuerdo entre el PSOE y el PP, para dar génesis a un «músculo financiero» en la comunidad, supondría el control político del «resorte económico» de la entidad. Así lo indicaron los dirigentes de UGT Aníbal Merayo y Miguel Ángel Álvarez, también secretario del Consejo de Administración de Caja España. En su opinión, los poderes públicos no deben aspirar a dirigir la actividad económica de las entidades con pretensiones políticas, puesto que son las que «manejan el gran pastel económico» en Castilla y León. Además, aseguraron que la unificación de las inversiones y de la obra social «descapitaliza» a las entidades regionales y generaría una competencia con el nuevo órgano que aglutine sus activos financieros. En ese sentido, indicaron que el «sucedáneo» de fusión sólo aporta «desestabilización e intranquilidad» entre los 3.200 empleados de Caja España. Además, remarcaron que en estos momentos la coyuntura económica no es la idónea para iniciar un proceso de unión entre las seis cajas de ahorro. Los dirigentes sindicales recordaron que los estudios y análisis del mercado de que disponen los promotores del acuerdo entre el PP y el PSOE, no reflejan la situación actual de la economía de Castilla y León. Asimismo, advirtieron que en estas negociaciones, que según señalaron se iniciaron antes de la celebración de las últimas elecciones generales, no han participado los responsables de las cajas de ahorro ni tampoco de los sindicatos para exponer la postura de los trabajadores y de las entidades. También, subrayaron que Caja España, por ser la de mayor tamaño, será la más afectada por este proceso que deberá ser ratificado por los consejos de administración de las cajas. Además, este órgano es el que acuerda las áreas a las que se destinan los fondos de la obra social. Por último, recordaron que el artículo 105 de la Ley de Cajas recoge que la función de la Junta de Castilla y León es de «protectorar» a las entidades autónomicas en su actividad, razón por la criticaron las últimas declaraciones del vicepresidente y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, en las que aseguraba que el ejecutivo autonómico tomará medidas para unificar las inversiones con el fin de incrementar la capacidad financiera e impulsar grandes proyectos empresariales.