La Junta no formará a los profesores en Educación para la Ciudadanía

La Junta esconde su ambigüedad tras el velo de las más de mil objeciones presentadas a Educación para la Ciudadanía. Por un lado repiten que hay que cumplir la ley y por otro dan pábulo a quien no quiere respetarla. La nueva asignatura llegará el próximo curso a cinco mil estudiantes de León, los de segundo de la ESO, porque quinto de Primaria no la estrenará hasta el 2009-2010, y muchos padres ya han decidido que sus hijos no la cursen y dediquen esa hora semanal a otro tipo de actividad educativa, a pesar del riesgo que corren en la promoción escolar si no aprueban sus contenidos, como los de cualquier otra materia. El diseño de la consejería del área estructura su implantación en cinco bloques, donde caben desde las relaciones interpersonales hasta los derechos humanos y las sociedades democráticas del siglo XXI. Tratan la familia, la convivencia y la participación en la escuela, el voluntariado y el cuidado de las personas dependientes. Pero también restringe los temas susceptibles de ideologizar y deja fuera expresiones como «orientación afectivo-sexual», «homofobia», «feminización de la pobreza» o «género». La postura de Castilla y León es la misma que han seguido comunidades como Madrid, Valencia o Baleares, entre otras, todas gobernadas por el PP, en un intento de boicotear el bautizo de una materia que nace bajo las recomendaciones de la Unión Europea. A esto se une la ausencia de iniciativas por parte del Ejecutivo autonómico para tutelar el estreno de la asignatura y formar, a través de clases presenciales, a los profesores de la provincia, para que estos puedan llegar al inicio del curso con un nivel adecuado de competencias. Desde la propia consejería del ramo aseguraron a este periódico que no tienen prevista ninguna actuación dirigida a orientar a los docentes encargados de dar la nueva materia y que serán los centros los responsables de organizar la temática. Las críticas La junta de personal docente, donde están representados todos los sindicatos de enseñanza, ya ha mostrado su rechazo ante la falta de programas formativos y en un comunicado instan a la Junta a que desarrolle, antes del inicio del curso, actividades divulgativas para que las personas encargadas de dar Educación para la Ciudadanía conozcan los pormenores del currículum. La secretaria general de Fete-UGT en la comunidad, María Victoria Soto, califica de «preocupante» la falta de proyectos formativos y recuerda que las leyes están para cumplirse, «por lo que la Junta debe decir a los objetores que no ir a estas clases deriva en no titularse». También explica que los profesores no están preparados y que la consejería incurre en una «dejación de funciones» al no apoyar la puesta en marcha de la materia, «una decisión equivocada», reprocha. Afirma que existen muchas fórmulas de explicar las distintas realidades sociales y culpa a la administración autonómica de estar «al margen de la sociedad». La responsable ugetista solicita al consejero Juan José Mateos que elabore un estudio pormenorizado de cómo repercutirá en Castilla y León el desarrollo de la asignatura, y en el que se incluya cuáles son las características específicas de la comunidad. Un informe que, según dice, servirá para implantar de forma efectiva la materia. Por su parte, desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza -Stecyl- denuncian que la Junta «no cumple un convenio suscrito con el MEC, donde existía el compromiso de realizar, antes del 30 de noviembre, 85 actuaciones formativas en el ámbito de Educación para la Ciudadanía, destinadas a 1.530 docentes». Y exigen la puesta en marcha de las actividades programadas. Finalmente, el encargado de Enseñanza en CC.OO., Fidel Tomé, prefiere esperar al inicio del curso para emitir una valoración y confía en que al final se lleven a cabo las actuaciones orientativas. A pesar de que la consejería afirma que no tiene previsto dar ningún tipo de formación al profesorado, aún tiene tiempo para enmendar su postura y revertir el enfado que existe entre la comunidad educativa de la comunidad. El 30 de noviembre termina el plazo acordado con el Gobierno central.