La Junta abre un expediente a Lasarte por ver indicios de incompatibilidad

El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, confirmó ayer la apertura de un expediente disciplinario a Javier Lasarte, ex secretario general de la Junta en León, ya que «existen indicios de incompatibilidad» entre su actividad funcionarial y la empresarial. Aún así, el portavoz quiso dejar claro que el cese de Lasarte se debió a la pérdida de confianza y no a posibles incompatibilidades, que aún están por confirmar. La investigación llevada a cabo desde el ejecutivo autonómico ha descartado que ninguno de los expedientes analizados en las provincias de León, Valladolid y Zamora haya sido tramitado de forma irregular, por lo que «no ha habido ni trato preferente ni gestión privilegiada, a pesar de que esas 13 personas -siete altos cargos y seis funcionarios de base- implicadas sí participan en empresas relacionadas con el campo de la energía solar». Varias administraciones El también consejero de Presidencia insistió en el complejo procedimiento que las licencias deben seguir hasta ser tramitadas totalmente, un proceso que ha sido respetado en todos los casos estudiados. Los pasos a seguir implican a varios servicios territoriales -Industria, Fomento, Medio Ambiente y Hacienda-, a la Dirección General de Energía y a los ayuntamientos, estos últimos con el fin de conseguir las licencias de urbanización, medio ambiente y de apertura. Respecto a la situación en la que quedan esos 13 cargos públicos a los que De Santiago Juárez hacía referencia, el propio portavoz confirmó que la Junta decidió abrir otras tantas informaciones reservadas, lo que significa el estudio de las actuaciones e implicaciones de estos funcionarios en la trama, y que podría derivar en la apertura de un expediente disciplinario -extremo que ya ha sido confirmado en el caso de Javier Lasarte- que a su vez podría acarrear la suspensión de empleo y sueldo o una sanción para «remover» al trabajador de su puesto. Además, en el supuesto de que durante la investigación se detectase algún indicio de delito, «lo enviaríamos inmediatamente a la Fiscalía, tal y como es nuestra obligación», confirmó el portavoz. Caso aparte es el del jefe del Servicio Territorial de Industria en Palencia, ex consejero de Medio Ambiente y ex vicepresidente de la Mesa de las Cortes, Francisco Jambrina, quien se ha negado a abandonar su puesto por considerar que no incurre en ninguna incompatibilidad. Además, Jambrina accedió a su cargo por concurso, y no de forma directa, por lo que según el propio portavoz «para apartarle de su puesto es necesario abrir una información reservada que podría derivar en un expediente disciplinario que acabe por removerle de su plaza si fuera necesario». Todas estas irregularidades deberían haber sido detectadas por los mecanismos que la propia Junta de Castilla y León afirma tener, aunque también admite que todo depende de la voluntad de los propios funcionarios a la hora de cumplir con la Ley de Incompatibilidades. De hecho, el propio De Santiago Juárez confirmó que parte de las personas implicadas eran los encargados de llevar a cabo ese control. Desde el pasado 1 de agosto, han cesado en sus puestos el secretario general de la Junta en León, Lasarte; los jefes de Industria y Fomento de León, Emilio Fernández y Ana Isabel Suárez; el jefe del Servicio de Tesorería de la Consejería de Hacienda, Manuel Ballesteros, el secretario de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, Manuel Méndez, y el jefe de la Oficina Territorial de Trabajo en Zamora, José Bahamonde.