La Junta destinará al fondo de mejora el 50% de los beneficios de sus montes

redacción

Medio Ambiente ve desmesuradas las calificaciones que las juntas vecinales leonesas han vertido hacia la ley de montes que elabora la Junta de Castilla y León. Y desde los órganos de Gobierno de la administración autonómica se alerta de una cierta «carga política» que puede latir bajo la oposición pública a la normativa que está a punto de iniciar su fase de análisis y debate parlamentario. «Ha sido muy participada, por los sectores a los que alude o a los que incumbe; se puede hacer demagogia, pero ha habido participación», argumenta el director general del Medio natural, José Ángel Arranz, que se declara sorprendido por las interpretaciones que tratan de contradecir el espíritu de la ley: «La regulación que se nos achaca a la Junta se asienta sobre normas básicas que dependen de una norma básica estatal que ha promovido el Gobierno de España», indica el ejecutivo de la Junta, que matiza que la prioridad para el departamento que dirige, para la consejería de Medio Ambiente y para el Gobierno de la Junta, por extensión, es dotar al espacio natural, al monte, de una ley estable que regule su actividad y garantice su conservación. «Hay que recordar que hasta ahora la ley que rige procede del año 1957», recuerda Arranz.

El director general de Medio Ambiente puntualiza algunos enfoques que no se corresponden con el articulado. «Por ejemplo, lo relacionado con el porcentaje de aprovechamientos que va al fondo de mejoras, luego destinado al monte; que la Junta no se queda con el dinero. Que eso vuelve para optimizar los recursos y las estructuras forestales», reflexiona en torno al célebre rechazo de las juntas vecinales leonesas a perder un 5% más de lo fijado hasta ahora para nutrir el fondo de mejoras a partir de los recursos forestales (del 15 al 20%). «También ahí la propuesta de la Junta se queda corta ante otras comunidades, porque Asturias, por ejemplo, aplica una intervención del 25%, que en todo caso volverá al monte, y se basa en normas básicas», aclara el director general de Medio Natural. Arranz, no obstante, ofrece la postura de la Junta «que predica con el ejemplo». De tal forma que el 50% de los aprovechamientos y usos que se deriven de montes propiedad de la administración autonómica se destinará al fondo de mejoras. «Que es el objeto final de esta ley, que el monte mejore, que repercuta en beneficios posteriores, a medio y largo plazo, porque se trata de un sector que se debe planificar con perspectivas de futuro».

Concepto de monte

Hasta para definir el concepto de monte, Arranz subraya la flexibilidad de la Junta respecto a la norma básica estatal. «Terrenos sin labrar durante 20 años, cuando Asturias, por ejemplo, lo limita a 10».