Las operadoras pagan 10.000 euros por el alquiler de azoteas para antenas

Sin oficio conocido hasta ahora, más allá de ser escenario para tendales de ropa, las azoteas se han convertido en una fuente de ingresos para los propietarios del inmueble. Una mina que puede reportar hasta 10.000 euros anuales, en el caso de los edificios más céntricos, y cerca de 6.000, en los terrenos limítrofes de la capital leonesa, para dar pie a la instalación de estaciones base de telefonía móvil. Antenas convertidas en filón, que crece al ritmo de la oferta y la demanda, en una relación inversamente proporcional a la incertidumbre de su amenaza: ante el miedo de que las emisiones radioeléctricas repercutan en la salud y la negativa de muchos vecinos a vivir bajo estos focos, lo que reduce de manera sensible las posibles atalayas, el precio sube y las condiciones de alquiler cambian. Un elemento de encarecimiento y aumento de los réditos que cobra valor junto a la altura del edificio o el flujo de personas que pasan por la zona y a las que las operadoras necesitan dar servicio.

Cada infraestructura tiene su propio contrato y especificidades, que no se quedan sólo en el dinero directo, sino que pueden llegar a acuerdos en los que las operadoras sufraguen el pago del arreglo de fachadas o la instalación de servicios demandados por los vecinos. Hay un total de 67 estaciones base repartidas por toda la ciudad y más 36 micro células o picoantenas, que se sitúan en fachadas o incluso carteles de tienda y cuyo valor es menor, al igual que su capacidad de emisión: entre 50 y 60 metros, pero que sirven para amplificar el canal en las zonas de más afluencia de clientes para que un mayor número de personas puedan hablar a la vez sin que se sature la red.

Aunque no todos los inmuebles pueden albergar estas estaciones base. La ordenanza municipal establece, entre otras limitaciones, que «únicamente podrán instalarse sobre edificios de altura superior a los edificios afectados en un radio de 18 metros», siempre y cuando todos ellos «hayan alcanzado el número máximo de plantas permitido por el planeamiento». Restricciones que acotan el campo de actuación de las operadoras, que en los próximos meses deberán, a petición del Ayuntamiento de León, actualizar sus planes de implantación, que presentaron en el 2005, en los cuales delimitan las áreas donde prevén instalar nuevos dispositivos, la ubicación concreta de los actuales y la tecnología que utilizan en cada punto.

Pero fuera de estos condicionantes, que a veces incluso se esquivan con subterfugios de todo tipo, la necesidad de dar servicio sin saturaciones de red determina el nacimiento de un mercado que se atiene a la legislación, pero que configura sus propias reglas. Contratos en los que el propietario del inmueble, que puede ser un particular o la comunidad vecinal, llegan a firmar con las operadores de telefonía móvil compromisos de 20 años o más, en los que no se tiene en cuenta la actualización de la tecnología -”que obliga a volver a revisar la licencia de la antena, por ejemplo, al cambiar a UMTS-” lo que evita que puedan aumentar el dinero que se percibe por el alquiler de la azotea hasta que finalice el plazo marcado; compromisos firmados por el propietario, que no vive en inmueble, sin que los inquilinos tengan capacidad de decisión alguna; o, incluso, la aparición de potenciales modalidades de relación en las que los constructores se reserven el uso de la azotea en las nuevas edificaciones para aumentar sus beneficios. Dinero que mira al cielo.