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León

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La andanada | cerecedo

La sesión plenaria celebrada ayer por el Parlamento Autonómico estuvo precedida de la protesta del portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, por la coincidencia de la convocatoria con la festividad de San Froilán, patrono de la diócesis de León. Entiende el procurador leonés (lo de leonesista ya es historia) que resulta discriminatorio que las Cortes suspendan su actividad con motivo de las fiestas patronales de Valladolid y no tengan en cuenta las festividades de las otras ocho provincias de la Comunidad. En el caso de León la verdad es que llueve sobre mojado, ya que el último Debate sobre el Estado de la Comunidad se celebró el pasado 24 de junio, día de San Juan, circunstancia que, dicho sea de paso, tampoco perdonará nunca este cronista, ya que debido a la misma se vió privado de ver en acción a José Tomás en el León Arena.

Aunque no puede obviarse que el Parlamento no son sólo sus 82 procuradores y que sus trabajadores se rigen por el calendario laboral de Valladolid, Otero tiene razón en la falta de sensibilidad que supone fijar las sesiones en fechas que son festivas, no ya en una sola ciudad, sino en varias capitales de provincia, caso de San Juan y caso de San Pedro, fecha esta última invadida también en otra ocasión por el Debate sobre el Estado de la Comunidad.

Coincidencias festivas aparte, ayer Otero volvió a verse beneficiado -cuestión de simple contraste- por la falta de iniciativa de los procuradores socialistas por León. Un ejemplo: Después de que Inmaculada Larrauri se pusiera la pasada semana a la cabeza de la manifestación contra la falta de tilde en el slogan de la «Marca-Territorio», parecía lógico que ella u otro procurador del PSOE preguntara a la Junta sobre dicha omisión ortográfica. Pues no fue así. La única pregunta socialista relacionada con León fue la que realizó Alfredo Villaverde en torno a la sentencia que condena a la Junta a abonar 800.000 euros a Lagun Air.

Después de servir en bandeja una pregunta al presidente Herrera para que este se despachara a gusto contra los Presupuestos Generales del Estado, Otero trató de conocer las razones por las cuales pasar la ITV en Castilla y León puede resultar hasta treinta euros más caro que en otras comunidades. Las explicaciones del consejero de Economía, Tomás Villanueva, justificando la mayor cuantía de las tarifas en la dispersión y extensión territorial no convencieron en absoluto ni al procurador leonés ni creo que a ningún automovilista castellano o leonés. A renglón seguido, Otero recabó del propio Villanueva un apoyo más decidido de la Junta al sector pizarrero, poniendo como ejemplo a la Xunta de Galicia, que acaba de destinar medio millón de euros para promocionar el sector en la comunidad vecina.

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Esto fue ayer, pero la sesión parlamentaria continúa hoy con un orden del día que incluye otra iniciativa del Grupo Mixto (o sea, otra vez Otero) que va a obligar tanto al PP como al PSOE a retratarse. Se trata de la Proposición que insta a la Junta a rechazar la construcción de líneas eléctricas que despierten la oposición vecinal y política del territorio afectado, como sucede con la proyectada entre Sama de Langreo y Velilla del Río Carrión. Teniendo en cuenta que dicho proyecto ha contado desde su inicio con la doble bendición del gobierno de la Junta y el central, vamos a ver cómo salen del brete los procuradores populares y socialistas.