Diario de León

El PSOE critica el «mal trabajo» de la Junta con la Ley de Desarrollo Rural

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El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del PSCyL-PSOE, Manuel Fuentes, aseguró ayer que de las 250 alegaciones presentadas en el conjunto del país a la aplicación de la Ley de Desarrollo Rural, 200 han sido formuladas por Castilla y León y al menos 170 corresponden a ayuntamientos, muchos de ellos gobernados por el PP y en especial de la provincia de Burgos. Fuentes, quien se hizo eco de una noticia publicada por el diario Público, justificó estas alegaciones en el «mal trabajo» realizado por la Junta que «no ha consultado con nadie», informa la agencia Ical.

El portavoz socialista en la materia indicó, además, que los ayuntamientos del PP se han «rebelado» contra el presidente del Gobierno regional, Juan Vicente Herrera, al presentar estas alegaciones, cuyo plazo acabó el 7 de diciembre, en las que incluso, tal y como señala el rotativo, aparece en el encabezado de la alegación el membrete del PP de Burgos. Fuentes recordó que la delimitación de las zonas prioritarias de aplicación de la ley era «una decisión de la Junta» y estas alegaciones «dan la razón al PSOE» en sus críticas porque, insistió, «es la Comunidad Autónoma la que tiene que resolver este conflicto».

1397124194 La Cepeda, prioritaria. Manuel Fuentes señaló que desde su formación se ha reiterado la necesidad de que se incluyan como zonas prioritarias las de León-La Cepeda, la Moraña-Santa María la Real de Nieva, entre otras peticiones, por lo que instó a Herrera a que «ponga el contador en el kilómetro cero y empiece a elaborar de nuevo el mapa de zonas» con la participación y el acuerdo de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Además, el PSOE insistirá en que se cumplan las leyes y se cuente con la participación ciudadana para que sean ellos quienes decidan sobre donde dirigir el dinero de la citada Ley.

Al margen de este asunto, el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del PSOE de Castilla y León, subrayó la importancia de que España asuma el 1 de enero la Presidencia de la Unión Europea.

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