El Procurador del Común tiene «serias dudas» de la legalidad de las oposiciones a Maestro
Desconfía de «la gran coincidencia» en el número de aprobados de cada uno de los tribunales
El Procurador del Común ha enviado a la Junta un informe de 19 páginas en el que analiza las «cuestiones respecto de las cuales existen serias dudas acerca de la legalidad» de las últimas oposiciones a Maestro, a las que concurrieron casi 8.000 aspirantes por 1.100 plazas. La Institución, con sede en la capital leonesa, discute, tras la denuncia de 200 candidatos a este cuerpo docente, la «posible emisión de órdenes verbales a los tribunales para que declararan aprobados un número máximo de aspirantes en la fase de oposición, la falta de publicidad y oscurantismo de los criterios de evaluación, poca transparencia en las comisiones valorativas y la supuesta arbitrariedad en la puntuación asignada a los opositores a fin de ajustar la misma a un cupo de aprobados predeterminado para cada tribunal». Reconoce que no existen pruebas que puedan acreditar documentalmente la emisión de instrucciones formales por parte de la consejería con el objetivo de limitar el número de personas que superaran la primera prueba y pudieran ser baremados en la fase de concurso, aunque considera «llamativo» que en los tribunales 4 y 28 de Educación Infantil y 11 de Pedagogía Terapeútica no existan notas entre el 5 y el 7 y más concretamente en el tribunal número 4 de infantil, donde, según los autores de las quejas, figuran hasta 23 calificaciones de 4,99. Desconfía de «la gran coincidencia del número de aprobados en cada tribunal de cada una de las especialidades; difícilmente puede responder al azar o a la casualidad», afirma.
Esta procuradoría considera que, «dadas las razonables sospechas de los opositores», la controversia quedaría resuelta y acreditada si la administración facilitara las calificaciones otorgadas por cada uno de los miembros examinadores y afirma que la consejería no ha resuelto este problema «porque la discrecionalidad técnica, alegada por la administración en sus escritos, no justifica la falta de motivación de las calificaciones emitidas a los opositores. «La consejería se niega a facilitar las valoraciones individuales de los aspirantes por considerar que en las actas sólo debe quedar reflejada la nota final», aclara.