El PP reclama judicialmente la suspensión cautelar de las sanciones en las zonas peatonalizadas
Exige por la vía contencioso-administrativa la cancelación de las medidas recogidas en el bando y los decretos de Alcaldía, y de parte de la Ordenanza de Tráfico
El Grupo Municipal del PP exige que se suspendan las medidas ejecutivas en las zonas peatonales.
El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León ha acudido finalmente a la vía judicial para impedir que se ejecuten las restricciones de tráfico y acceso, fijadas por el equipo de gobierno del PSOE en varias zonas de la ciudad, hasta que se apruebe una ordenanza que dé cobertura jurídica a estas medidas, que tendrán que recogerse en las condiciones de una ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
El PP ha interpuesto recurso ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de León contra el bando sobre la peatonalización de varias zonas de la ciudad, y los decretos de Alcaldía en las que se recogen las restricciones en el acceso en las calles Alfonso V, San Agustín, Gil y Carrasco, Alférez Provisional, Alcázar de Toledo, Villabenavente, Fuero, Arco de Ánimas, Ramiro Valbuena y carretera de los Cubos, entre otras.
En el caso de la Ordenanza de Tráfico y Seguridad Vial del Ayuntamiento de León, aprobada la pasada primavera, se recurre el establecimiento de zonas peatonales únicamente a través de un bando de Alcaldía.
El recurso se ampara en las recomendaciones de la decisión que el Procurador del Común hizo públicas tras la consulta de los populares, y que instaba ya al Ayuntamiento a suspender las medidas sancionadoras hasta contar con la preceptiva ordenanza que debe regular este tipo de limitaciones y las Zonas de Bajas Emisiones. El PP censuró también que todas estas decisiones se habían llevado a cabo sin comunicar al resto de los grupos políticos, y sin someterlas ni al Pleno municipal ni al período de alegaciones públicas en el que los ciudadanos pueden presentar sus propuestas a la normativa.
Ahora la impugnación de las decisiones y la solicitud de medidas cautelares pretende que se regule la circulación y las condiciones de acceso a las zonas peatonalizadas hasta que se apruebe la normativa exigida para la Zona de Bajas Emisiones, porque se considera que la situación actual vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Y recuerda que miles de leoneses han tenido que solicitar permisos para sus viviendas y negocios si tienen que circular por las zonas afectadas por las peatonalizaciones.
Las medidas cautelares para suspender la ejecutividad del bando y los decretos de la Alcaldía se solicitan además con urgencia. El argumento es que el Ayuntamiento aseguró en su contestación al Procurador del Común que ya está realizando los informes para tramitar la Zona de Bajas Emisiones, con lo que en teoría debería estar en vigor en pocos meses. Si la sentencia en el recurso planteado ahora ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León se dilata puede darse el caso de que para entonces la ordenanza ya esté aprobada, lo que dejaría sin efectividad lo planteado en el recurso, e impediría proteger los derechos de los ciudadanos. Y de los propios grupos municipales, ya que este tipo de actuación debe ser tratadas en pleno.
Sobre la presentación del recurso el PP no ha querido hacer declaraciones. “Es una cuestión que está en vía judicial y no queremos hacer valoraciones. Siempre hemos dicho que nuestro ánimo es defender los derechos de los leoneses”, ha señalado el portavoz municipal, David Fernández.