El PSOE exige el cese de Ruiz por el «fracaso» de las depuradoras de Picos

Los alcaldes de las trece localidades de la montaña oriental leonesa afectadas por la red de depuración del Parque Regional de Picos de Europa están en pie de guerra contra la Junta de Castilla y León después de recibir una resulución, fechada el 17 de marzo, en la que, además de ceder de manera definitiva las 61 estaciones depuradoras a los municipios en las que se ubican, se culpa a los regidores de esta zona de «dejadez» y «falta de voluntad» para ponerlas en marcha. El alcalde de Posada de Valdeón, y responsable de Medio Ambiente de la Ejecutiva provincial del PSOE, Mariano Rojo, salió ayer al paso de estas acusaciones, a las que calificó de «barbaridad» y anunció que los alcaldes no están dispuestos a aceptar unas infraestructuras que «no funcionan en su mayoría, o que directamente aún no se han construído, como la de Oseja, como la de Caín». Rojo acusa a la Junta de Castilla y León de haber mantendo a los alcaldes al margen de todo el proceso de construcción de la red depuradora, tanto a la hora de redactar el proyecto, como de establecer las tasas y los medios de pago. «Ahora sí se acuerdan de nosotros para hacernos responsables de que no funcionen correctamente», se lamenta. En este sentido Mariano Rojo confirmó que los principales fallos de las depuradoras vienen propiciados por estar construidas por debajo del nivel del río o porque directamente no tienen conectados los colectores. «Qué garantías ambientales podemos tener en una zona de especial protección como Picos de Europa, con estas depuradoras que no funcionan y que encima nos van a costar a los alcaldes una media de 299.000 euros al año», se pregunta Mariano Rojo. Además, el regidor socialista lamenta que la empresa a la que se le adjudió el mantenimiento de las instalaciones no haya contratado ni a un sólo trabajador de la comarca, «lo que demuestra la falta de sensibilidad de la Junta». Ante esta situación el responsable medioambiental del PSOE en León ha pedido públicamente el cese de todos los responsables políticos de este proyecto, empezando por la propia consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, seguida del delegado territorial en León, Eduardo Fernández, y del director general de Infraestructuras Ambientales, José Antonio Ruiz, firmante de la resolución.

Mariano Rojo se plantea, al igual que otros alcaldes, denunciar el convenio del 2007, «firmada a toda prisa antes de las elecciones», con el que se acordó la construcción de las depuradoras, por el incumplimiento de una de las partes, «en este caso, la Junta», concluyó.