Alija del Infantado
El alcalde obstaculiza la labor del juez de paz al expulsarlo del Ayuntamiento
La Sala de Gobierno del TSJ abordará el lunes el cambio de oficina de la institución
En el centro, el inmueble asignado por el Ayuntamiento al Juzgado de Paz.
Pasará a la historia. Alija del Infantado celebra el Ritual del Jurru, su antruejo, desde hace meses. En esta ocasión, los problemas afectan al Juzgado de Paz del municipio, que desde enero no celebra ningún tipo de causa a consecuencia de su traslado a un local que, en opinión del titular, no reúne las condiciones adecuadas.
El problema será objeto de análisis en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que ayer confirmaba que estudiará el caso de Alija en su sesión del lunes. Desde el alto órgano judicial se apuntó que, al parecer, el origen del conflicto está en el traslado de la sede.
El Ayuntamiento de Alija del infantado decidió trasladar el Juzgado de Paz hacia el mes de noviembre, según han relatado algunos vecinos. Posteriormente, el día 19, el juez de paz, Victoriano Villar, difundió por la villa un aviso en el que anunciaba la suspensión de todo tipo de «actos jurídicos, juicios de faltas, actos de conciliación, etcétera» después de un cambio de sede ordenado por el alcalde a una casa particular sita en la calle La Torre, número 7».
Según la nota, que se expuso en los tablones de anuncios del pueblo, la causa de la suspensión no es otra que la situación del local: «Sin seguridad, falto de higiene, poco espacioso, carente de material de oficina, sin luz, etcétera». El juez muestra su disposición a retomar la actividad de esta institución cuando el alcalde proporcione una «sede digna de ser el Juzgado de Alija del Infantado». La nota difundida finalizaba pidiendo disculpas a los vecinos «sufridores de este problema».
Además de la nota, que se mantuvo durante días en la parte interior de la ventana de una dvivienda particular, tan sólo existe la información facilitada ayer por el gabinete de prensa del TSJCyL, que confirmó el problema, pero no se inclinó por ninguna de las partes.
Silencio en el pueblo. Ni el alcalde de Alija del Infantado, Luis Panero (independiente que se presentó por las listas de la UPL y que tomó posesión del cargo en septiembre), ni el juez de paz, Victoriano Villar, quisieron manifestarse ayer sobre este asunto.
Según relatos obtenidos de algunos vecinos de Alija del Infantado, la nueva sede del Juzgado no reúne condiciones de habitabilidad ni para acoger un servicio público. Sin embargo, fue imposible entrar en el local designado por el Ayuntamiento después de que la casa consistorial acogiese durante años la sede de la institución. Ante la falta de explicaciones del alcalde, se desconocen los motivos por los que el juzgado se trasladó de dependencias. También se ha podido saber que poco después de que el alcalde decidiese trasladar este servicio el juez de paz se presentó en su antiguo despacho de la casa consistorial acompañado por agentes de la Guardia Civil con el objeto de poder recoger enseres personales que guardaba en el lugar.
Según testimonios, tras el aviso del juez, el Ayuntamiento cedió un salón en el hogar del jubilado de la localidad para un acto jurídico concreto a lo que se negó el juez de paz al tratarse de un lugar de tránsito hacia los servicios, según manifestaron a este periódico testigos presenciales.
La institución. La Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial regula, entre otras muchas cuestiones, el Juzgado de Paz. Así, esta institución judicial puede existir en todos los municipios en los que no exista Juzgado de Instrucción, cumplen funciones de Registro Civil y conocen en primera instancia de aquellos aspectos que les atribuye la jurisdicción civil. En lo penal, constituyen la primera instancia de los procesos por faltas y pueden intervenir en actuaciones penales de prevención.
Cabe destacar que son nombrados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la autonomía correspondiente, si bien son elegidos por el Pleno del Ayuntamiento en el que vayan a realizar su función por la mayoría absoluta de sus miembros. Y aquí es donde tropieza el caso de Alija, porque los desencuentros del equipo de gobierno alixano con el titular han sido una constante en los últimos meses a consecuencia de los sucesos en el coto de caza de Alija, que preside el juez.
Los problemas entre el Ayuntamiento y el juez se hacen públicos con la renuncia el 15 de septiembre de Luis Gómez-Villaboa al puesto de alcalde (así se había pactado en el equipo de gobierno para dar el bastón de mando a Luis Panero por unos meses) y al acta de concejal. El político señaló presiones por el coto de caza como causa de sus abandono de la corporación municipal y de discrepancias con sus compañeros en un asunto, el del coto, que no veía de competencia municipal.