El pedáneo dejará que la nueva junta solucione el reparto ilegal de tierras

El hasta ahora pedáneo de la localidad de Villamarco, Valentín Fernández Soto (UPL), no buscará soluciones al desaguisado que genera la sentencia del Tribunal Supremo al declarar ilegal la adjudicación de las tierras de aprovechamiento comunal efectuadas a partir del 2008.

A su juicio, el nuevo presidente que tomará posesión la próxima semana, Raúl Blanco, será «el encargado de asumir las decisiones sobre el asunto». Fernández Soto se lava así las manos y no se siente responsable de la ordenanza reguladora de los aprovechamientos de bienes comunales que se firmó durante su mandato y que ahora ha anulado el alto tribunal al considerarla arbitraria.

Es más, entiende «que el Supremo no rechaza el articulado de la ordenanza, sólo indica que la Junta de Castilla y León no era competente para aprobar el documento, así que el problema no está en la junta vecinal, sino en el Gobierno autonómico y el Consejo Consultivo, que avalaron la ordenanza sin tener las competencias. El departamento jurídico debería dimitir en bloque», expresa.

En realidad, los jueces sí rechazan parte del contenido de la ordenanza, al apreciar que pone condicionantes para el reparto, como la obligatoriedad de estar empadronados al menos durante los tres últimos años y poseer maquinaria agrícola, en lugar de seguir «la costumbre». La sentencia indica que el documento «no puede establecer requisitos de vinculación, arraigo o permanencia, que limiten a los vecinos la posibilidad de ser beneficiarios de los aprovechamientos», de ahí su nulidad «radical». También diferencia entre los aprovechamientos agrícolas y ganaderos de los forestales. Para el reparto de los primeros sólo sería competente la propia junta vecinal, con una aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia, y no la Junta, lo que sienta un nuevo precedente jurídico.

Convencimiento. El pedáneo está convencido de que la anulación del reparto no puede tener consecuencias ahora, «porque no vas a quitar las tierras aradas a los vecinos. Cosa distinta es cuando recojan las cosechas y queden las tierras libres». Piensa que tampoco será muy problemático aprobar una nueva ordenanza, porque «se quitan dos artículos, los de los condicionantes, y se remite a la Diputación, que según los jueces es la encargada». Sin embargo, la problemática real es quién afrontará las indemnizaciones millonarias de los vecinos perjudicados y que pasará si hay que devolver las ayudas de la PAC. Dos cuestiones que deja para los nuevos gestores de la junta vecinal.

Fernández Soto aclara que al impugnarse la ordenanza del 2008, los aprovechamientos están regidos por la normativa anterior, de 1991. Los actuales contratos por las tierras finalizan en el 2012, «y si hay que indemnizar a los que sienten lesionados sus derechos, se hará», admite.