La Junta no gravará a las térmicas
La consejera de Hacienda y Función Pública, Pilar del Olmo, anunció ayer que propondrá al Consejo de Gobierno establecer un impuesto medioambiental que grave la producción de energía nuclear, que en el caso de Castilla y León afectaría a la central burgalesa de Santa María de Garoña, y con el que se podría recaudar en torno a 14 millones de euros anuales si se aplicara el tributo tal y como se encuentra establecido en Extremadura.
La medida por la que la Junta de Castilla y León pretende que las instalaciones generadoras de energía paguen un impuesto especial en la Comunidad no afectará, sin embargo, a las centrales térmicas, según adelantó ayer la consejsera. De hecho, señaló que esta será la única energía que se quedará sin gravar en Castilla y León, ya «que genera muchísimo empleo en Castilla y León y procede de un bien que hay que proteger y potenciar», en referencia a la minería.
Apuesta por la nuclear. Del Olmo realizó este anuncio sobre el gravamen a la energía nuclear una vez que la continuidad de la central de Garoña parece segura hasta el 2019 después de que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmara el sábado que su departamento actuará a partir de ahora en base a los informes internos sobre la viabilidad de la planta y que el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) concluye que «no hay ningún impedimento» para alargar la vida de la misma.
Del Olmo sostuvo que la nuclear es un tipo de energía que pagará impuestos como el resto de las que ya están incluidas en la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. Se incluirá, a partir de marzo o abril, en otra norma similar.
La titular del departamento de Hacienda recordó que desde la constitución del Grupo de Trabajo en las Cortes (con los grupos parlamentarios), se han estudiado las fórmulas de Extremadura para gravar la energía nuclear y también de Castilla-La Mancha, aunque parece que el que más gustó es el modelo extremeño, que aplicado a Castilla y León supondrá unos ingresos de 14 millones.
Ennoviembre, el Pleno de las Cortes aprobó una proposición no de ley en la que se instaba a la Junta a constituir un grupo de trabajo que estudiara las posibilidades de crear un tributo de carácter medioambiental sobre la producción eléctrica.