Suárez-Quiñones traslada su intención de lograr la reapertura de Nueva Julia
La suspensión de la actividad de Nueva Julia fue decretada por un juzgado de León el pasado mes de enero en un auto motivado en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha trasladado hoy su intención de impulsar la reapertura de la explotación a cielo abierto «Nueva Julia», en Cabrillanes, tras la suspensión cautelar de su actividad decretada en enero por un juzgado de León.
Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en León a través de un comunicado, este fue el compromiso que trasladó ayer el subdelegado durante una reunión a la que asistieron también las alcadesas de Villablino y Cabrillanes, miembros de la Administración de la Comunidad Autónoma, los sindicatos CCOO y FIA-UGT (con representación en minería) y de la empresa Coto Minero Cantábrico.
El objetivo era analizar las actuaciones que se están llevando a cabo como consecuencia de la paralización de la explotación a cielo abierto «Nueva Julia», con la finalidad de lograr su reapertura, ha añadido la Subdelegación.
Los participantes reiteraron su preocupación por la suspensión de la actividad de la explotación y sus «negativos efectos» sobre el empleo de la zona, ya que la plantilla, 64 trabajadores, se encuentran bajo un expediente de regulación de empleo (ERE) decretado por el Grupo Alonso, propietario de la mina, desde el pasado 3 de febrero.
Asimismo, coincidieron en la «necesidad» de realizar todos los esfuerzos por recuperar la actividad extractiva «en el menor plazo posible», según las mismas fuentes.
El subdelegado de Gobierno informó a los asistentes de los resultados de las gestiones realizadas en los últimos días, que han culminado «en un compromiso por parte de todos los agentes del proceso» de impulsar la reapertura de la explotación minera «con las garantías legales y judiciales necesarias».
Por su parte, la empresa puso de manifiesto la necesidad de conseguir la reapertura como «única solución real» al problema del empleo y así poder contribuir al sostenimiento económico de la comarca.
La suspensión de la actividad de Nueva Julia fue decretada por un juzgado de León el pasado mes de enero en un auto motivado en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el pasado noviembre condenó a España por permitir minas a cielo abierto en zonas que infringen las normativas medioambientales comunitarias.
El dictamen de los jueces europeos consideró que las autoridades no respetaron la protección debida en la región del Alto Sil, propuesta como lugar de interés comunitario (LIC) y posteriormente declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), por la presencia del urogallo cantábrico, entre otras especies.
Suárez-Quiñones completará la próxima semana una serie de encuentros y contactos pendientes en relación con este asunto, ha agregado la Subdelegación.
