El Gobierno estudia «salvar» el juzgado de Cistierna y unir La Bañeza y Astorga

El Ministerio de Justicia valora «muy seriamente» la posibilidad de salvar el juzgado de Cistierna del plan de supresión de órganos jurisdiccionales propuesto por el Consejo General del Poder Judicial y analizará durante este verano la opción de fusionar en uno solo los de La Bañeza y Astorga para reducir el impacto de las medidas de eficiencia y ahorro que pondrá en marcha el departamento de Ruiz Gallardón, en consonancia con la filosofía del Ejecutivo a nivel general.

El ministro ya dejó claro recientemente en el Congreso que el plan esgrimido por el Consejo General del Poder Judicial «no es el criterio del Gobierno». Según explica el diputado leonés, Alfredo Prada, el Ministerio de Industria trabaja sólo con la idea de eliminar Sahagún y Villablino, que pueden adscribirse perfectamente a los de León y Ponferrada respectivamente y que sólo estaría dispuesto a mantener una de las dos sedes entre las de La Bañeza y Astorga.

«El Ministerio no puede aceptar lo que propone el CGPJ, porque entre otras cosas tiene la suya propia», asegura Alfredo Prada, quien aclara que la del Consejo es una propuesta «incluida en el modelo socialista».

De acuerdo a los criterios del plan del CGPJ, «que cuenta con 3 vocales del PSOE», remarca, «las circunscripciones resultantes habrán de tener una población superior a 100.000 habitantes y el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no podrá exceder de una hora a través de las vías de comunicación existentes. La separación de órdenes jurisdiccionales exige un mínimo de ocho Juzgados (excepcionalmente siete unidades) para poder garantizar un funcionamiento correcto de la Administración de Justicia, por lo que las agrupaciones han de tender a reunir un mínimo de órganos que permita alcanzar esta cifra».

Reordenación

«La reordenación habrá de atender a las concretas circunstancias de geografía política, procurando respetar los ámbitos territoriales en los que se desenvuelven las actividades político-económicas de cada zona» Pero según el estudio, «como circunstancias excepcionales que aconsejan mantener la circunscripción territorial a pesar de no alcanzar la población deseable o las unidades necesarias, se tendrán en cuenta las especificidades determinadas por la insularidad, las dificultades de comunicación, las características orográficas y comarcales, la existencia de población difícilmente registrable, de carácter estacional o permanente, los supuestos de acumulación urbana, de naturaleza industrial o turística, y los flujos o movimientos poblacionales».

Una comisión de expertos seleccionada por el Ministerio de Justicia elaborará el plan definitivo por el que se determinarán las actuaciones a adoptar en este ámbito, después de que el Consejo General del Poder Judicial elaborase un estudio a finales de abril para la supresión de más de la mitad de los partidos judiciales del territorio nacional. Según ese estudio, León pasará de tener siete a solamente dos, León y Ponferrada. La teoría del Gobierno establece que serían tres (León, Ponferrada y Cistierna) y quedaría en estudio la posibilidad de un cuarto si se determina que la carga de trabajo y la población que atienden La Bañeza y Astorga así lo exige. Gallardón, precisó en el pleno del Congreso que el informe del Consejo no es el proyecto del Gobierno. «El criterio del Gobierno será el que exprese el grupo de trabajo» que trabaja en la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, ha asegurado.

El propio informe del CGPJ ya establece posibles excepciones. «Flexibilidad desde el momento en que la pluralidad de situación obliga a ponderar detenidamente las circunstancias particulares de cada zona, de manera que unos casos habrá de mantenerse algún tipo de presencia, en otros bastará con la existencia de medios materiales a disposición de la Autoridad judicial, o con un reparto distinto de sedes por jurisdicciones manteniendo la red de infraestructuras actual, o, sencillamente, con el traslado cuando el volumen y la atención no justifique otra decisión».

«Le veo muy preocupado por el informe del CGPJ y no sé qué hacer para calmar su ansiedad», le dijo al diputado socialista Julio Villarruibia antes de destacar que la propuesta del órgano de gobierno de los jueces fue firmada por cuatro vocales, tres de los cuales fueron nombrados siguiendo la propuesta del PSOE.