El contrato lácteo «obligatorio» no cuaja entre el 75% de los ganaderos
Exigen movilidad en las entregas, control y precios mínimos.
La normativa que publicó el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), dirigido por Miguel Arias Cañete, el 2 de octubre, que establecía que todas las transacciones que se llevasen a cabo dentro del sector lácteo a partir de su entrada en vigor al día siguiente debían ir refrendadas por un contrato entre la parte compradora y la vendedora, para garantizar unos precios para los ganaderos, no ha cuajado. Las organizaciones profesionales agrarias calculan que tres meses después, apenas uno de cada cuatro ganaderos ha suscrito un contrato con una industria que «sigue aprovechando» su posición dominante para intentar fijar precios por debajo de los costes de producción.
Asaja considera que el texto normativo se ha quedado en «papel mojado» y el Ministerio debería revisar en qué ha fallado y garantizar un libre mercado que eleve los precios que perciben los ganaderos. UCCL critica a la industria por trasmitir temores al ganadero sobre la suspensión de la recogida sino firma a precios irrisorios y exige un control exhaustivo de las importaciones de la UE a España. Por su parte, La Alianza por la Unidad del Campo de UPA y Coag arremete contra unos contratos que constituyen un «arma» contra el ganadero mientras no se fijen precios mínimos que cubran los costes de producción y mecanismos de arbitraje que decidan si no existe acuerdo entre las partes.
El secretario general de Asaja en Castilla y León, José Antonio Turrado, aseguró a Ical que la industria «ya no tiene miedo a no tener contratos», por lo que planteó que el Ministerio «tiene que evaluar lo que está pasando». Expuso además que «más pronto o más tarde habrá que hacerlos (los contratos), pero que nadie debe ir forzado por el tiempo».
La responsable de Ganadería de UCCL, Adoración Martín denunció que la industria «está presentando los contratos a los ganaderos ya rellenados, sin negociación entre ambas partes con un precio en el mejor de los casos de 300 euros cada 1.000 litros, es decir, a 30 céntimos por litro».
Por su parte, el responsable del sector en La Alianza por la Unidad del Campo, Aurelio Pérez, recordó que esos contratos «son un arma contra el ganadero».