Solicitan una sanción «comedida» por la desaparición de más de 25.000 euros

Los representantes sindicales de los funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan han solicitado al alcalde, Juan Martínez Majo que se sancione «de forma comedida» a las trabajadoras a las que el Tribunal de Cuentas declaró responsables directas de la desaparición de 25.336 euros correspondientes a diferentes altas en el Servicio de Abastecimiento Municipal de Aguas durante el periodo comprendido entre los años 2004 a 2009.

El presidente del comité de empresa, Ricardo Pellitero Martínez, el delegado del órgano, Luis Robles Polantinos, y el delegado de personal Funcionario, Tomás Ángel Miguélez, piden que la sanción para la funcionaria encargada de la Recaudación Municipal, Adelaida Martínez Alonso, y la encargada de las altas y bajas en el padrón del servicio, María del Pilar Delgado Díaz, de la plantilla de personal laboral, se ajuste «a lo establecido en el artículo 47 del convenio».

El expediente

El convenio colectivo vigente en Valencia de Don Juan se suscribió para el periodo 2008-2011 y afecta a los empleados municipales y no al funcionariado. En el artículo 47 se recoge el trámite de los procedimientos sancionadores, pero es en el 46 donde se establecen las sanciones. La Junta Local de Gobierno aprobó expedientar a ambas por una falta muy grave, cuyas consecuencias, según el convenio pueden ser la suspensión de empleo y sueldo de un mes y un día a tres meses, la inhabilitación para la promoción interna y participación en concursos de traslado por un periodo de dos a seis años, el traslado forzoso sin derecho a indeminización y, como sanción más grave, el despido. Es este último supuesto el que se comunicó a ambas empleadas y a los tres delegados sindicales, ya que el Consistorio coyantino considera que para una condena como la dictada por el Tribunal de Cuentas no existe otra alternativa, según informó este periódico.

La clemencia que se implora se fundamenta en unas declaraciones recogidas por este periódico en diciembre del 2011, según las cuales el Ayuntamiento anunciaba las medidas oportunas si quedaba demostrada la apropiación indebida. Dado que la sentencia no aprecia la figura citada y «considerando además la buena voluntad» de las trabajadoras «para reintegrar la cuantía económica», los representantes sindicales consideran que se debe obrar con benevolencia. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas enjuicia la responsabilidad contable en que incurren los que tienen a su cargo el manejo de bienes, caudales o efectos públicos y no entra a valorar la responsabilidad penal que pueda derivarse de las irregularidades que encuentre.

Además, los delegados se quejan de las informaciones aparecidas por el caso, en el que el Tribunal de Cuentas aprecia negligencia grave y falta de control en la gestión de un servicio público porque «irrumpen en el ámbito personal».