La Alianza señala que la Ley Agraria no es «clara» con los profesionales
La Alianza por la Unidad del Campo, formada por UPA y Coag, valoró ayer algunos aspectos del Anteproyecto de Ley Agraria de Castilla y León, pero lamentó que este no tenga «una orientación clara» en favor de los agricultores y ganaderos a título principal.
Tras censurar que las organizaciones profesionales conocieran el documento por la prensa y que ayer hicieron constar en la reunión del Consejo Regional Agrario, señalaron en un comunicado que en lo que se refiere a los objetivos del anteproyecto, pese a reconocer que pretende sustentar el carácter estratégico del sector agrario y la industria agroalimentaria para la economía regional, no cuenta con la definición de agricultor a título principal en el articulado, cuando la defensa de esta figura ha sido «el eje central de las propuestas apoyadas por el sector en las elecciones a cámaras agrarias».
Así se lo trasladaron a la consejera, Silvia Clemente, en dicha reunión, a quien criticaron que en el anteproyecto se ponga en el mismo lugar «a los productores de sofá» con los verdaderos agricultores en un marco socioeconómico como el actual, donde urge «garantizar la viabilidad y permanencia de las explotaciones profesionales, el desarrollo de la actividad y la producción agraria de calidad».
Coordinar consejerías
La pretensión que la nueva Ley tiene de agrupar en un solo cuerpo normativo el conjunto de disposiciones autonómicas con rango de ley que son necesarias para un adecuado desarrollo de la actividad y producción agraria, si bien es un planteamiento de entrada positivo para la Alianza, no significa que con este anteproyecto pueda llegarse a conseguir, ya que es necesario hacer, a su juicio, «un estudio con normas de ámbito estatal y comunitario que competen a su contenido».
La Alianza pidió también «más claridad» en el texto a la hora de recoger el modo de coordinar agricultura con otras consejerías de las que depende también la actividad diaria de los productores agrarios, como pueden ser Fomento y Medio Ambiente o Hacienda, entre otras.
Según informa la agencia Ical, llama igualmente la atención que este anteproyecto no contenga una memoria económica que pueda «dar soporte y credibilidad» al conjunto de los objetivos que se persiguen (incorporación de jóvenes, reconocimiento y fomento del papel de la mujer, formación de los profesionales o I+D, entre otros), teniendo en cuenta que «la disposición de recursos económicos será fundamental para un eficaz desarrollo de los mismos».